Cuál es la situación jurídica de los miembros de la Primera Línea que podrían ser gestores de paz: 31 aún no tienen cargos

Toda una polémica despertó la decisión del gobierno de buscar la libertad de los capturados en medio de las protestas sociales, a través de la figura de gestores de paz, que tiene el objetivo de beneficiar a varios jóvenes antes de navidad. Se trata al menos de 291 personas tienen medida de aseguramiento y órdenes de captura, según expuso el representante Alirio Uribe Muñoz.

El defensor de derechos humanos ha asumido la vocería desde el Congreso y, durante la sesión de este 6 de diciembre en la Comisión para la Verificación de Garantías y DDHH de Personas Capturadas en el Marco se la Protesta Social, presentó un balance luego de visitas realizadas a las cárceles para conocer el censo de quienes podrían ser beneficiados con la medida para su excarcelación.

“Tenemos un censo de aproximadamente de 199 personas que están con detenciones, de las cuales 149 están con detención intramural, más o menos unas 50 están con detención domiciliaria. Sabemos que esa no es la cifra total, pero eso nos muestra los hechos graves que han ocurrido en Colombia. Donde el gobierno anterior estigmatizó a los jóvenes que salían a ejercer un derecho constitucional fundamental que es el derecho a la protesta social”, sostuvo Uribe Muñoz.

De acuerdo con las cifras recogidas, de las 291 personas que fueron privadas de la libertad por presuntos delitos cometidos en medio de las manifestaciones sociales, una murió en el incendio de la cárcel de Tuluá. De ellas, 46 se encuentran en detención domiciliaria, 149 en cárceles y 4 mantienen orden de captura.

El representante sostuvo que hay 31 personas sin claridad en su situación jurídica y 60 han recuperado ya su libertad. “Hemos tenido ya varias decisiones de preclusiones de jóvenes que les estaban imputando delitos de terrorismo, de secuestro, de tortura, concierto para delinquir agravados y han venido saliendo en libertad porque la Fiscalía no tiene las pruebas, documentales, la evidencia física, testimonial, que permita sostener juicios contra estos jóvenes”, señaló el representante.

Uribe Muñoz, quien fue miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo del cual varios han representado a detenidos en las protestas, señaló que hay casos de jóvenes privados de la libertad por mensajes de WhatsApp de teléfonos que no eran de su propiedad y violaciones al debido proceso.

El concejal Diego Cancino, quien también ha hecho seguimiento a los casos, hay jóvenes acusados con pruebas falsas y otro caso con 39 testimonios en contra, de los cuales 32 son de policías. “Como lo ha dicho la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia, aquí se utilizó las detenciones arbitrarias de más de 5.000 jóvenes para reprimir la protesta legítima que hacían en las calles los jóvenes de este país”, sostuvo Alirio Uribe.

El representante expuso que para la liberación de los jóvenes intervino el Congreso en la aprobación de la paz total, que le otorgó facultades al Gobierno para la creación de gestores de paz. Intervendrá el poder judicial a través de los jueces de control de garantías encargados de suspender las órdenes de captura. “Siguen los procesos judiciales, no hay perdón judicial”, sostuvo.

En la Comisión Accidental se acordó realizar un censo detallado de las personas detenidas y sus condiciones específicas. Esta será presentada al Gobierno nacional para que se elabore la lista de quienes podrían ser beneficiados con la medida. Habrá una audiencia pública con congresistas en La Picota en Bogotá, el próximo 9 de diciembre, y en Puerto Resistencia en Cali al respecto, el 18. Entre enero y febrero se convocará otra para presentar un balance general.

Desde el Congreso pidieron agilizar el proceso para emitir el decreto que establecerá las condiciones sobre las que se va a seleccionar y proceder al nombramiento de los gestores de paz, quienes pueden ser acogidos por la política y sus labores. Según Uribe Muñoz, no podrán transgredir ninguna norma nuevamente.

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