Crear una ‘JEP’ para estudiar los delitos contra el medioambiente en Colombia, propuso el ministro de Justicia, Néstor Osuna

En Colombia, hace un par de meses se aprobó el proyecto con el que se ratifica el acuerdo de Escazú en el país. Este, firmado en 2019, por el gobierno de Iván Duque, no había logrado pasar por este proceso en el Congreso. Se trata de un “acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” que pretende que los países que hagan parte de él establezcan protocolos de protección medioambiental a través de normas que son emitidas por cada territorio.

Como parte de la implementación del acuerdo, y según explicó en su momento, Carolina Giraldo, Representante por el departamento de Risaralda por el partido Alianza Verde, se podrán asignar partidas presupuestales, por ejemplo, “para que haya mayor acceso a la información ambiental. Esto es muy importante para que sea realmente asequible a toda la población, entonces se podrán hacer, por ejemplo, guías para que el acuerdo sea comprensible para todas las poblaciones”.

En este contexto, durante el conversatorio “El rol del Derecho ante la emergencia climática”, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuestionó a académicos y asistentes sobre la necesidad de crear una jurisdicción ambiental especializada para dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú.

Esto, según indicó, partiendo del hecho de que el Acuerdo de Escazú -ratificado recientemente por el Gobierno nacional- “es una valiosa oportunidad para acercar el Derecho a los problemas de cambio climático en el país” y refiriéndose al Artículo 8 de dicho Acuerdo, que trata específicamente sobre el acceso a la justicia ambiental que, en su opinión, permite contemplar la creación de una jurisdicción ambiental especializada.

En ese sentido, el ministro agregó: “tengo la leve impresión de que las herramientas judiciales actuales y la forma como funciona actualmente el poder judicial no es suficientemente idóneo para dar una respuesta suficiente, seria y cierta a esas exigencias del Tratado de Escazú, pero, sobre todo, a las necesidades de una sociedad que se enfrenta a una crisis climática tan grave”.

Por su parte, Mauricio Madrigal, director de la línea de énfasis en derecho ambiental de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes, afirmó que es fundamental pensar en cómo se puede mejorar la justicia ambiental en Colombia, que tiene como punto de partida el Acuerdo de Escazú, pero que no es suficiente: “hay jurisdicciones propias étnicas indígenas, injusticias históricas, judicialización excesiva de los conflictos ambientales y por ello es necesario poner sobre la mesa la necesidad de una jurisdicción ambiental, que esté conformada por conocimientos especializados interdisciplinarios para que se dé una verdadera justicia ambiental”.

Es importante resaltar que luego de la aprobación de este acuerdo, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, señaló que una vez sea sancionado por el jefe de Estado, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo:

• Política de Manejo de Información Ambiental.

• Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.

• Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.

• Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.

• Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

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