Bogotá acompaña propuesta de liberar a miembros de la primera línea pero con condiciones

Desde que el ahora presidente de la República, Gustavo Petro, estaba haciendo campaña por llegar a la Casa de Nariño, el entonces candidato del Pacto Histórico mencionó en varios debates que Colombia debería considerar la posibilidad de liberar a las personas que, en el marco de las protestas que se derivaron del estallido social en 2021, fueron retenidas por la Policía y desde entonces cumplían una condena.

Posteriormente, en su primer discurso presidencial emitido el 7 de agosto de este año desde la Plaza de Bolívar, el mandatario nacional lo solicitó en forma explícita al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa:

“Cuánta gente que está presa en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza y amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud, liberen a los jóvenes”, dijo el recién posesionado presidente Petro.

Esa intención enunciada en el marco de la campaña, que posteriormente se tradujo en una solicitud formal al Fiscal Barbosa, en los últimos días tomó fuerza cuando el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio luces sobre el decreto que reglamenta la facultad que le otorgó el Congreso al presidente de la República, para hacer las solicitudes de suspensión de capturas.

Aclarando que esta figura “no es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón judicial”, el portavoz dijo que “el Presidente, una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, adoptará la decisión, que va a ser básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”.

Y en dicha reglamentación, según aseguró Prada, “quedará consignado que no podrán, bajo ninguna circunstancia, violar una sola norma jurídica so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura”.

Comentó, además, que “esta medida está dirigida a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino en general a líderes sociales, que el Gobierno, en cabeza del Presidente y con la recomendación de la comisión de alto nivel, consideran que pueden aportar básicamente a la consolidación del proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios”.

De la misma manera, Prada dejó claro que en la reglamentación se vinculan líderes juveniles, campesinos, afrocolombianos e indígenas “que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios y, por ello, será una medida que revisaremos con mucho cuidado”.

Ante esta determinación, que ha despertado ampollas en algunos sectores de la sociedad, ¿cuál es la postura de la Alcaldía Mayor de Bogotá? Considerando que muchos de los detenidos en el marco de la protesta eran integrantes de la primera línea en Bogotá, ¿qué opinión le mereció al Distrito esta decisión presidencial?

En el marco del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo este martes seis de diciembre, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, dejó en claro la postura del Palacio Liévano:

“La Administración Distrital de Bogotá ha sido clara en que los esfuerzos de paz son bienvenidos siempre y estamos a disposición del Gobierno Nacional para cumplir con ese gran propósito nacional. Ha habido aclaraciones por parte del alto gobierno, del ministro de Defensa, quien afirmó que, quienes fueron condenados por delitos graves cometidos en ocasión del proceso de las protestas, no serían beneficiarios de esta medida y esa es una postura en la que coincidimos desde el gobierno Distrital”, indicó este martes el secretario de Seguridad.

Y añadió que los detenidos, integrantes de la primera línea, que están condenados por tortuga, por concierto para delinquir o por delitos que atenten contra la vida, “tienen una particularidad diferente a quienes, quizás, por un desorden derivado de una protesta, o de un proceso de conflictividad, puedan tener una calificación distinta. En ese sentido, acompañamos los esfuerzos de paz que el gobierno ha convocado, pero quienes han sido condenados, incluso en doble instancia, por delitos graves, pues tienen que tener una condición diferente”, concluyó a ese respecto el secretario.

Seguir leyendo: