Este miércoles, 7 de diciembre, la Defensoría del Pueblo informó que 2022 ha sido el año con el mayor número de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos desde 2016, año en que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.
De acuerdo con lo explicado por Carlos Camargo, defensor del Pueblo, el departamento con mayor número de asesinatos fue Nariño, con 33 casos, le sigue Cauca con 25, Putumayo (20), Antioquia (20), Arauca (12), Valle del Cauca (11), Bolívar (9), Santander (9), Chocó (7), Tolima (7), Caquetá (6), Cesar (4), Santander (4), Meta (4), La Guajira (3), Sucre (3), Córdoba (3), Huila (3), San Andrés (2), Magdalena (2), Boyacá (2), Risaralda (2) y Bogotá(2). Caldas, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Guaviare y Amazonas reportaron un caso cada uno.
“Este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021″, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El mapa elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo también reveló que los líderes comunales fueron las mayores víctimas con 62 casos, seguido de los líderes indígenas con 44 casos y los líderes comunitarios con 33 casos.
Además, los meses de marzo, mayo y octubre fueron los de mayor número de homicidios.
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Durante su intervención, Carlos Camargo resaltó que desde la Defensoría del Pueblo se ha insistido a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos. “En las regiones ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de los habitantes, ya que sus acciones fortalecen la democracia”.
Finalmente, Carlos Camargo explicó que desde el Gobierno nacional y otras instituciones del Estado “deben atender los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones que hemos hecho en las alertas tempranas para detener estos crímenes”.
Por otro lado, Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividad y Paz de Indepaz, le dijo a Colombiacheck que la cifra de asesinatos de líderes sociales en lo que va de 2022 continúa con la misma curva ascendente que venía desde hace un año. Los mayores afectados son los líderes indígenas y comunales.
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Por su parte, Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch para las Américas, aseguró al medio de verificación de noticias que en los tres primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro fueron asesinados 35 líderes sociales, y que para frenar esta realidad “no basta con iniciar negociaciones de paz y de sometimiento con grupos armados”.
“Es urgente establecer una política de seguridad que proteja a la población civil, ampliar la presencia estatal e implementar los mecanismos del acuerdo de paz con las FARC para proteger a líderes sociales y avanzar en estrategias de desmantelamiento integral de organizaciones delictivas”, afirmó Pappier.
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