Una polémica nacional se ha desatado a raíz de las declaraciones realizadas en la noche del pasado sábado 3 de diciembre, cuando Gustavo Petro estaba reunido con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en Pasto y señaló la propuesta de nombrar como gestores de paz a los jóvenes capturados de la Primera Línea en el Paro Nacional ocurrido el año pasado.
“Acá anunció que centenares jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de noche buena en Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro.
El pronunciamiento del jefe de Estado levantó una gran molestia en la oposición, sectores tradicionales y de derecha han cuestionado que le den libertad a los capturados con cargos como terrorismo y tortura. Una de ellas es la Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia quién denominó al grupo como ‘Primera Línea del delito’.
“Casi destruyen el país, lograron que tuviéramos el alta de precios de la comida más alta del mundo y ahora libres y con sueldo (...) Me pregunto qué piensan los integrantes de primera línea que eran jóvenes que protestaban sin violencia, cuando el gobierno escoge darle sueldo y libertad a la ‘Primera Línea del delito’”.
Cabe recordar que el día de ayer el ministro del Interior y vocero oficial del Gobierno, Alfonso Prada, desmintió este tipo de rumores lo cuales indicaban que los jóvenes liberados tendrían un pago por parte del Estado. “No hemos contemplado beneficios económicos, ni un sueldo, ni una vinculación de carácter laboral, ese tema en particular no ha sido contemplado para nada”.
El ministro Parada indicó que no se trata de darles una amnistía a los jóvenes ni mucho menos suspender el proceso judicial: “No es una amnistía, no es indulto, reitero no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente decidan los jueces en sentencia judicial. Los procesos por ende no se suspenden”.
De igual forma añadió el vocero oficial del Gobierno Nacional, que pese a los señalamientos de la oposición de una presunta impunidad a las personas capturadas, no podrán cometer ni una sola violación a la normatividad, ya que si llega a suceder el caso, les será retirado el beneficio. “Quedará consignado que no podrán bajo ninguna circunstancia violar ni una sola norma jurídica so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura”.
Otro de los aspectos enfatizados por el ministro Prada es que las personas que fueron sorprendidas afectando la propiedad privada, gracias al decreto tendrán que cuidar los bienes: “En el mismo decreto se definirán las funciones que tendrán como voceros del presidente en materia de paz y convivencia ciudadana, este es básicamente de resolución de conflictos, incluso para quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones será precisamente de cuidar bienes para que no se repitan este tipo de conductas”.
El ministro fue claro en decir que la medida “va destinada a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social sino en general a líderes sociales que el Gobierno en cabeza del presidente y la comisión de alto nivel, consideren que puedan aportar básicamente al proceso de paz, al proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está tan visible”.
Por último mencionó el ministro Prada que pese a los señalamientos por parte de la oposición como una medida ‘dictatorial’ por parte del Petro, es realizado bajo el marco del respeto institucional.
“Esta decisión se da en el marco del profundo respeto del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro que por sus convicciones históricas, dentro del más profundo respeto a la división de poderes, administración de justicia y naturalmente el derecho a la protesta que tiene los colombianos”.
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