Consejo de Estado mantiene vigente la extradición de Álvaro Córdoba

Este martes 6 de diciembre, el Consejo de Estado dejó en pie la extradición por narcotráfico de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. El detenido había presentado una tutela alegando que se le habrían vulnerado sus derechos; sin embargo, la entidad decidió negarle la solicitud que buscaba frenar su traslado a Estados Unidos.

El recurso que pasó la defensa de Córdoba solicitaba una medida cautelar para suspender los efectos de los actos administrativos de la Presidencia de la República. Según W Radio, los abogados del acusado consideraban que la extradición que firmó jefe de Estado, Gustavo Petro, el pasado 23 de noviembre “causaría un perjuicio irremediable a las garantías judiciales que se pretenden obtener a través de esta acción de amparo constitucional”.

A pesar de esos argumentos, el Consejo de Estado consideró que la decisión tomada desde la Casa de Nariño fue “respetuosa del derecho al debido proceso”. En ese sentido, el trámite que se realizó va de acuerdo con el aval que dio la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Álvaro Córdoba y siguió las normas aplicables como los artículos 499, 500 y 501 de la Ley 906 del 2004 o el Código de Procedimiento Penal.

Lo cierto es que aún no se ha emitido un fallo de fondo, pues si bien el Consejo de Estado estudió la tutela y negó la medida cautelar, todavía no ha determinado si la orden de extradición generaron o no una violación de sus derechos fundamentales.

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El pasado 3 de febrero, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional capturaron a Córdoba Ruiz en el barrio El Poblado, en Medellín, Antioquia. Fue arrestado en la Operación Coral junto con Libia Amanda Palacio y Alberto Jaramillo, señalados de brindar apoyo logístico a la subestructura de alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco de las disidencias de las extintas Farc.

Después de su captura, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, a nombre de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó el 23 marzo formalmente la extradición de Álvaro Córdoba. Desde ese momento, la Corte Suprema estaba estudiando el caso y dio el aval para la orden de traslado por el delito de narcotráfico el pasado 17 de agosto.

La defensa del oriundo de Antioquia le solicitó al Gobierno retractarse de apoyar la extradición. El diario El Tiempo conoció la posición de la abogada Ludy Valentina Santiago: “los procedimientos que se han llevado a cabo, al criterio del equipo de trabajo, se viola el principio de legalidad” y argumentó que a pesar de que el tratado de extradición está vigente, “no se puede aplicar porque no existe una ley que lo incorpore al ordenamiento interno”.

El Ministerio de Justicia no respaldó la iniciativa y como consecuencia el presidente Gustavo Petro terminó firmando la orden el 23 de noviembre. “Se cumplió con plena observancia que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan, a variar la decisión inicial”, se lee en la sentencia.

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