La salud de la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, que definirá la suerte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso por fraude procesal y manipulación de testigos que enfrenta desde hace tiempo, fue el motivo para que la audiencia donde se definirá en este trámite se aplazara para enero del 2023.
Así trascendió en las últimas horas mediante un comunicado de la Rama Judicial donde se anuncia que será el próximo 16 de enero, a las nueve de la mañana, cuando se definirá si se precluye o no el caso contra el líder natural del actual partido de oposición, Centro Democrático.
Hay que recordar que las diligencias judiciales en las que se definiría el rumbo de esta investigación estaban previstas para esta semana. Sin embargo, se aplazaron porque la citada togada se encuentra incapacitada.
“Me permito informarles que la sesión programada para esta semana definitivamente no se va a llevar a cabo, habida cuenta que la señora juez se encuentra incapacitada hasta el miércoles, y como quiera que el jueves es festivo, solo tendríamos el viernes para continuar con la intervención del Dr. Villalba”, dice el texto.
Al personaje al que se refieren es al abogado Reynaldo Villalba, que es el abogado defensor del senador Iván Cepeda, que está involucrado en este caso. Como el jueves es festivo, desde el juzgado consideraron que era mejor esperar a que, con tiempo, este pudiera explicar lo sucedido con su cliente. “La Dra. Barrera (la jueza) considera no adecuada para llevar un hilo conductor de manera concentrada, por lo que se excusa asumiendo que esos días cuentan por el despacho dada su enfermedad”, sentenció el comunicado.
Así las cosas, entonces, será la segunda semana del primer mes del otro año donde iniciarán, de nuevo, las alegaciones para definir el caso del exmandatario y exsenador.
Hay que recordar que el abogado del congresista del Pacto Histórico se había opuesto a que el fiscal del caso, Javier Cárdenas, asegurara que no habían pruebas que demostraran que Álvaro Uribe le pagó a los testigos para que hablaran bien de él. Es más, aseguró que todo eso hacía parte del plan contra Iván Cepeda para sindicarlo de liderar una campaña de desprestigio contra Uribe y acusarlo de tener vínculos con los paramilitares antioqueños.
A finales de noviembre, el fiscal Cárdenas aseguró que era “imposible” que el expresidente haya cometido los delitos por los que es investigado desde hace años y aseguró que el hoy jefe natural del Centro Democrático no actuó de mala fe, de la mano de su apoderado Diego Cadena, sino que, por el contrario, siempre lo exhortó para que todos los testigos en su contra colaboraran con la verdad.
“Uribe siempre instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad; y no ante el doctor Cadena, ni en memoriales, sino ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gravedad de juramento”, señaló el funcionario del ente acusador.
Con ello, el ente imputador aseguró que Uribe no modificó sus declaraciones, por lo que no habría incurrido en los delitos por los que es señalado. En esa línea, se determinó, entonces, que la solicitud de preclusión se mantenía en firme al no encontrar ni un solo testigo en contra del exmandatario, que gobernó a Colombia entre el 2002 y el 2010.
Además, en contravía de lo que en su momento falló la Corte Suprema de Justica, la Fiscalía aseguró que “en estas condiciones verificadas en cada evento resultó imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular”, señaló la entidad.
Sin embargo, aún queda bastante trasegar en el caso, dado que la jueza que dirigía la audiencia aseguró que, de nuevo, se escucharán las versiones de las víctimas en el caso. El primero, será el hoy senador de la República, Iván Cepeda Castro, que milita en la coalición oficialista Pacto Histórico; además, se tendrán en cuenta las declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre, el vicefiscal Jorge Perdomo y del procurador delegado, Jorge Enrique Sanjuán.
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