Desde que se creó, en 2019, la operación Artemisa fue pensada como una estrategia para frenar la deforestación en el país. Haciendo presencia en las zonas de selva húmeda y realizando los operativos pertinentes, las autoridades se han encargado de buscar la protección del medioambiente y castigar a los responsables de la deforestación.
Pero, lo que en principio parecía una estrategia oportuna para reducir la pérdida anual de bosque, que según el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) en 2020 fue de 171.685 hectáreas y en el 2021 de 174.102 hectáreas, de cara a la investigación realizada por Mongabay en alianza con Cuestión Pública, a grandes rasgos, Artemisa parece no arrojar los resultados pretendidos.
Reza el reportaje que según información entregada por el Ministerio de Defensa, “En el primer año de Artemisa se gastaron $540 millones (alrededor de 109.794 dólares) y se desplegó en el territorio a 23 mil integrantes de la fuerza pública”. Así mismo, unos $1.469 millones de pesos colombianos, fueron invertidos en conjunto entre 2020 y el 2021. En total, entre 2019 y 2022 gastaron un total oficial de $2.961 millones.
Las inconsistencias se ven, de acuerdo con la investigación, en la inversión militar, que según otro informe oficial entregado por un funcionario de gobierno, no coincide con la cifra oficial de $2.961 millones pues “se lee que solo el monto gastado en cinco operativos supera la inversión total en la operación Artemisa. Es decir, los $3.250 millones (665 mil dólares) gastados en cinco operativos entre el 2019 y el 2020, superan en $289 millones el monto total de Artemisa” explica el reportaje.
Otro de los interrogantes que plantean las fuentes del reportaje tiene que ver con la efectividad de la operación, en la cual los números de área recuperada por Artemisa no se compara con el tamaño de las zonas deforestadas en el país.
Si bien, para el exministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa, la recuperación fue de 27.046 hectáreas, las cifras arrojadas por el IDEAM evidenciaron que la pérdida de bosque registrada en 2020 fue de 171.685 hectáreas y en 2021, de 174.102 hectáreas.
Así mismo, lo constata un documento del Ministerio de Ambiente obtenido por ambos medios mediante tutela, en el cual se presenta un listado oficial del área intervenida y en la que se evidencia que no supera las 23.842 hectáreas, es decir, “3.204 menos de lo reportado públicamente”.
¿Esfuerzos perdidos?
En una operación de Artemisa intervienen varios actores. Según el reportaje, se cuenta con la participación de 10 batallones de alta montaña, una brigada contra el narcotráfico, una contra la minería ilegal, unidades de guardacostas, infantería de marina y la Policía Nacional.
Igualmente, datos oficiales, indican que en la operación de la campaña se capturaron 113 personas, 96 en estado de flagrancia y 17 por orden judicial, se intervinieron construcciones, vías ilegales, herramientas de tala y otras empleadas en la ganadería. Pero tales esfuerzos realizados entre 2019 y 2021, no marcaron la diferencia, “se concentraron en el 3 % del total de área deforestada en el país” señala el reportaje, pues durante el periodo presidencial de Iván Duque, se presentaron 700 mil hectáreas deforestadas.
“Artemisa solo cubrió alrededor del 21 % del área deforestada en el parque Sierra de la Macarena, lo que quiere decir que en esa extensión la fuerza pública entró, detuvo a los ilegales, destruyó la infraestructura usada (vías, puentes, viviendas, maquinaria, etc.) y “recuperó” esa porción de territorio. En Tinigua, por otro lado, en marzo de 2022, Artemisa intervino 1.072 hectáreas, mientras que el parque nacional perdió 8.216 entre abril de 2021 y marzo de 2022, según datos de deforestación de FCDS (...) Es decir la pérdida fue mayor al espacio “recuperado”, como se refiere el gobierno al territorio del que han logrado desplazar a los habitantes o presuntos taladores ilegales”, señala el reportaje.
En ese orden de ideas, desde la perspectiva de algunos analistas, se abren preguntas importantes en cuanto a las zonas “intervenidas”, “controladas” y “recuperadas”, pues argumentan que la intervención es un concepto que va “más allá de la captura de presuntos deforestadores y la destrucción de viviendas, vías y puentes” y que en tal sentido, merece la pena considerar la restauración, rehabilitación y recuperación.
Pero, ahí no cesan los cuestionamientos, en el documento el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez plantea quizás uno de los temas que pueden ser de los más importantes, ¿Qué hubiera pasado sin la entrada de la operación Artemisa?, ¿cuál es el impacto real de esta?
Las evaluaciones están pendientes.
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