Una polémica nacional se ha desatado a raíz de las declaraciones realizadas en la noche del pasado sábado 3 de diciembre, cuando Gustavo Petro estaba reunido con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en Pasto y señaló la propuesta de nombrar como gestores de paz a los jóvenes capturados de la Primera Línea en el Paro Nacional ocurrido el año pasado.
“El derecho a la protesta, es un derecho democrático, el derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y encarcelar jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio. Este lugar donde el miedo cundió y se llenó el espacio del temor debe ser resignificados. Acá anunció que centenares jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de noche buena en Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro.
Al respecto se pronunció el vocero oficial del Gobierno Nacional y ministro del Interior Alfonso Prada, quien aclaró las dudas que se han generado respecto a la declaración del jefe de Estado. Prada señaló que habrá una reunión entre la presidencia del República, el ministerio de Justicia, la consejería nacional de juventud, la secretaría jurídica de la presidencia y la cartera del Interior: “revisamos en detalle la reglamentación del decreto que habilitará el presidente para hacer las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas pero para que eso ocurra primero hay que expedir la reglamentación”.
El jefe de la cartera del Interior fue especifico en señalar que no será una amnistía la que reciban los designados como gestores de paz, Prada señaló ante la prensa que ‘los procesos no se suspenden’, y que se creará una comisión para asesorar a Gustavo Petro.
“No es una amnistía, no es indulto, reitero no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente decidan los jueces en sentencia judicial. Los procesos por ende no se suspenden. Hemos creado una comisión de alto nivel que va a estar en la reglamentación a la que asistirán como comisión el ministro de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda y quien les habla como ministro del Interior, que tendrá la función de asesorar y recomendar al señor presidente de la República en la utilización de esta facultad concedida por el Congreso y que procederemos a reglamentar”.
Pese a los señalamientos de la oposición de una presunta impunidad a las personas capturadas, el ministro señaló que no podrán cometer ni una sola violación a la normatividad, ya que si llega a suceder el caso, les será retirado el beneficio.
“Una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, el presidente adoptará la decisión que va hacer básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente... Quedará consignado que no podrán bajo ninguna circunstancia violar ni una sola norma jurídica so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura”.
Precisamente enfatizó que las personas que fueron sorprendidas afectando la propiedad privada, gracias al decreto tendrán que cuidar los bienes: “En el mismo decreto se definirán las funciones que tendrán como voceros del presidente en materia de paz y convivencia ciudadana, este es básicamente de resolución de conflictos, incluso para quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones será precisamente de cuidar bienes para que no se repitan este tipo de conductas”.
El ministro fue claro en decir que la medida “va destinada a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social sino en general a líderes sociales que el Gobierno en cabeza del presidente y la comisión de alto nivel, consideren que puedan aportar básicamente al proceso de paz, al proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está tan visible”.
Por último mencionó el ministro Prada que pese a los señalamientos por parte de la oposición como una medida ‘dictatorial’ por parte del Petro, es realizado bajo el marco del respeto institucional.
“Esta decisión se da en el marco del profundo respeto del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro que por sus convicciones históricas, dentro del más profundo respeto a la división de poderes, administración de justicia y naturalmente el derecho a la protesta que tiene los colombianos”.
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