Secuestros, ‘vacunas’ y despojos: las dinámicas de guerrillas y paramilitares para perpetuar el conflicto armado en el país

“La guerra necesitaba miles y miles de millones de pesos. Eso no se peleaba, como dijo una vez en una entrevista Ramón Isaza, con venta de empanadas [...]. Eso es un cuento chimbo, por Dios. La realidad del conflicto es otra, la guerra se gana con plata y el que no esté dispuesto a ganarla [que] no se meta a la guerra”, le explicó un integrante de grupos de autodefensa a la Comisión de la Verdad en 2019 sobre los costos que implicaba mantener el conflicto armado y los grupos que lo extendieron por casi un siglo.

Los ideales y principios que motivaron la creación de guerrillas como el ELN o las extintas Farc se taparon con la venda del narcotráfico, pues tanto ellos como los grupos paramilitares acudieron a esta dinámica no solo porque salía rentable, sino porque de alguna manera les permitía tener control sobre poblaciones que hacían parte de la cadena de producción de drogas, incluyendo la siembra de, por ejemplo, mata de coca.

De hecho, las estructuras insurgentes buscaron que aquellos que consideraban como ‘el enemigo’ debían cubrir los gastos económicos, pero después ese concepto se amplió a diversos sectores de la población. De ahí el recrudecimiento del secuestro a ganaderos y hacendados con fines extorsivos, así como el cobro de vacunas o ‘impuestos de guerra’ que debían asumir los sectores más altos del agro nacional. En últimas, las víctimas de esos cobros fueron campesinos que no tenían relación alguna con el conflicto.

En testimonios recogidos por la Comisión, víctimas aseguraron que las guerrillas ejercieron otros métodos de presión para exigir dineros, como violencias sexuales, trabajos forzados y desplazamiento. Otros grupos como el ELN recibieron recursos producto de alianzas electorales que hicieron en departamentos como Arauca entre 1992 y 2002 para acceder a recursos públicos de esas zonas.

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Los paramilitares no tuvieron un actuar muy distinto. Pese a ser creados para hacerle frente a la insurgencia, terminaron centrando su actividad económica también en el narcotráfico, el robo de combustible y ganado; el despojo de tierras y, paradójicamente, el secuestro. La Comisión tampoco desconoce que existieron grandes aportes por parte de ganaderos y sectores políticos, así como facilidad para instalarse en territorios para el entrenamiento de las tropas y la planeación de operativos contra las guerrillas. También recibieron apoyo de agentes estatales.

“Para optimizar estas formas de financiamiento, ejecutaron masacres, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones. Asimismo, tal como se ha constatado judicialmente —de acuerdo con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, miembros de la fuerza pública los proveían de armamento, municiones, material de guerra y apoyo logístico”.

En su libro La batalla por la paz, el expresidente Juan Manuel Santos apunta que entre 2000 y 2016, Colombia recibió cerca de 10 mil millones de dólares por cuenta del Plan Colombia, “convirtiéndose en el tercer país receptor de ayuda estadounidense después de Israel y Egipto”. El principal motivo de esas contribuciones era acabar con el narcotráfico a través de la compra de equipos militares, la capacitación de tropas y las aspersiones con glifosato sobre cultivos ilícitos.

Estos presupuestos desbordados no fueron cosa del siglo XXI: entre 1963 y 1971, el gasto militar estuvo sobre el 3.5 %, de acuerdo con registros de la Comisión. Entre 2016 (año en que se firmó el Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc) y 2020, el promedio de ese gasto estuvo sobre el 3.2 % del PIB.

Esto consolida a Colombia como el país con mayor gasto militar de Sudamérica y el 18 entre 173 países de todo el mundo según un estudio del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

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