Exterminio de la UP: los crímenes de Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo se resisten a la impunidad y el olvido

“Recuerdo que llegó a la dirección de la Unión Patriótica un documento anónimo, en el que se nos ponía en conocimiento de la existencia de un supuesto o real plan, llamado Golpe de Gracia, que tendría por objeto el atentado contra los dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y el encarcelamiento judicial de los dirigentes regionales de la UP”, le contó un excongresista a la Comisión de la Verdad (CEV) sobre el exterminio de la Unión Patriótica, uno de los episodios de persecución y estigmatización más sangrienta contra la izquierda política en el país.

Ya se había presentado un negro antecedente de violencia contra sectores alternativos y fue el asesinato sistemático de integrantes de la Unión Nacional de Oposición, nombre que recibió el frente desarmado del M-19, las Farc, el ELN y el EPL. El Magdalena medio fue una de las zonas que más padeció la violencia contra esta fuerza política que le estaba haciendo un contrapeso importante a los partidos tradicionales.

La entidad establece que entre 1972 y 1983, 152 integrantes de este movimiento fueron asesinados, 42 fueron víctimas de desaparición forzada. Además, el 74 % de estos hechos ocurrieron en esta región y los municipios con mayores afectaciones fueron Puerto Nare y Puerto Berrío (Antioquia), y Cimitarra, Barancabermeja y Bucaramanga (Santander).

En ese sentido, Juliana Duarte, de la Oficina Territorial de Barrancabermeja, explica a la entidad que uno de los factores más comunes en el conflicto armado “es la persecución, estigmatización y exterminio no solamente de colectivos políticos sino sociales y personas en particular”. Sin embargo, esa violencia escaló cuando fueron asesinados dos candidatos presidenciales de izquierda en un mismo periodo electoral: Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, ambos de la UP.

La violencia letal (como llama la Comisión a la represión que sufrieron integrantes de la UP) no solo fue ejercida contra simpatizantes y aspirantes a cargos políticos, sino que también fue elevada a los aspirantes presidenciales. Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica, obtuvo 328.752 votos en las elecciones de 1986, siendo el tercero con más sufragios alcanzados después del conservador Álvaro Gómez Hurtado, y el liberal Virgilio Barco (quien resultó ganador).

Que un candidato presidencial alternativo hiciera ruido entre los tradicionales era un mensaje de que el país necesitaba abrirse políticamente y que había fuerzas más allá de las liberales y conservadoras. La UP, a finales de los años 80 tomó una fuerza importante en subregiones como el Magdalena Medio, donde también ocurrió buena parte del exterminio.

Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en La Mesa, Cundinamarca. Posterior al hecho, Bernardo Jaramillo, militante del Partido Comunista Colombiano (PCC) no solo asumió la presidencia de la UP sino que además se lanzó como aspirante a la presidencia. También lo mataron, el 22 de marzo de 1990 en Bogotá.

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Actualmente, ambos casos reposan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al igual que el de otros miles de militantes y simpatizantes del partido, en el macrocaso 06, Victimización de miembros de la Unión Patriótica.

Para Heidy Sánchez, concejala de Bogotá e integrante de la Unión Patriótica, el exterminio de esa colectividad y la pérdida de la personería jurídica en 1997 fue demoledor para las aspiraciones políticas que tenían en los 80 y 90. Asimismo, mencionó el grado de responsabilidad que tuvo el extinto DAS en el exterminio.

“Recuerdo mucho que en la discusión del Acuerdo de Paz se llegó a poner en el centro de la discusión la posibilidad de desclasificación de los archivos del DAS y que eso permitiera, de alguna forma, develar la inteligencia que se había hecho para llegar a esos casos”, narró Sánchez a Infobae Colombia. Y es que de acuerdo con testimonios recogidos también por la Comisión, contra el partido se cometieron cruentas operaciones militares como El baile rojo (1986), Cóndor (1985) y Golpe de gracia (1992).

“Como a principios de los 2000, había una persona que era ejecutivo nacional del Partido Comunista. Los escoltas del programa PCC UP —estrategia de protección para militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica— son del partido, y uno de ellos contaba que una vez que iba ingresando al DAS encontró a esa persona que era el ejecutivo nacional con un carnet del DAS. Era una persona infiltrada y hay que decir que esa también fue una dinámica de exterminio y debilitamiento de las organizaciones políticas y fue la infiltración del Estado”, contó también la actual concejala de la UP.

El exterminio le quitó la posibilidad a los partidos de izquierda y alternativos de pensar que podían ser gobierno. Así lo explica Sánchez y lo da a entender el volumen ‘Hasta la guerra tiene límites’ del Informe Final de la CEV. Los casos de Jaramillo y Pardo, al igual que los de Manuel José Cepeda, José Antequera y otros militantes de la UP siguen pendientes por esclarecer.

Mientras tanto, Heidy Sánchez espera que, al igual que con la Comisión de la Verdad creada en Uruguay, el Informe Final hecho por la entidad colombiana sirva como material probatorio para dar respuesta a las preguntas que llevan décadas sin responder.

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