Sigue siendo muy delicada la situación los líderes sociales y los firmantes del acuerdo de paz. En el mas reciente reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, indica que desde el año 2016 van 343 excombatientes asesinados, solamente en el año 2022 van 38. José Reinel Cano Medina fue el último fallecido; aunque se desconcen los móviles o los autores materiales de lo sucedido, los defensores y garantes del proceso siguen clamando atención para estas personas, pues la cifras siguen aumentando.
Según el reporte presentado por la entidad, el firmante fue ultimado en la vía Caloto - El Palo, departamento del Cauca, este hecho hace que se ponga especial atención en esta región, pues la Defensoría del Pueblo ya ha emitido las alertas por la presencia de los grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio.
“José Reinel Cano Medina era firmante del acuerdo de paz, quien se encontraba actualmente en proceso de reincorporacién. Hacia parte de la Cooperativa Multiactiva de Caloto. Este firmante fue asesinado en la via Caloto - El Palo en circunstancias que ain se deconocen. Por su parte la Defensoria del Pueblo, ha emitido la AT 007/21 para los municipios de Caloto y Corinto en la cual sefiala que la necesidad de control territorial para los grupos armados ilegales esta enfocada en intereses econdmicos, pero implica el control sobre la poblacién, afectando el tejido social organizativo, en el Norte del Cauca, entre ello de excombtientes que se encuentran en procesos de reincorporación”.
En el anuncio aseguran que la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), son los grupos subersivos que hacen presencia en esta zona del departamento del Cauca.
De los 343 excomabatientes que firmaron el acuerdo, ya van 343, de los cuales 38 han fallecido este año, en crímenes desarrollados en 15 departamentos distintos. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunciara un seguimiento a la implementación de lo pactado.
Verificaciones al proceso y avances en la Paz Total
Desde que asumió el gobierno nacional el pasado 7 de agosto, Gustavo Petro hizo énfasis en adelantar diálogos y negociaciones con los diferentes grupos armados ilegales, tal vez el más reconocido y adelantado, por decir de alguna manera, es el que se realiza con el Ejército de Liberación Nacional, no obstante, al menos otros 23 estarían dispuestos a comenzar a entablar conversaciones.
El dilema es que no se están presentando las garantías suficientes para evitar tragedias como con los firmantes, es por esto que los diálogos avanzan con cierto secretismo, pero en el caso de lo acordado en el 2016, las extintas FARC, hoy movimiento político conocido como Comunes, decidió acudir ante la CIDH, con el fin de hacer un seguimiento más concienzudo y así poder proteger a los excombatientes.
“Teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue cerrado y la CIDH ha decidido dar seguimiento a la presente situación en el marco de sus labores de monitoreo a través de la relatoría del país”, detalla la CIDH en una misiva enviada al minstro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva.
Algo similar es lo que estaría reseñando INDEPAZ, en el informe “Desafío a la Paz Total. Lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro”, aseguran que no se trata solo de dialogar con los actores en cuestión, sino avanzar en misiones de verificación para hacer cumplir lo pactado.
Además, el instituto pide poner la lupa sobre las afectaciones del narcotráfico, pues está llevando consigo otras actividades ilegales, agudizando aun más la violencia en las regiones:
“Esto tiene lugar por el fortalecimiento de los vínculos de las estructuras armadas de alcance nacional con bandas/combos locales -tercerización- y por el regreso de paramilitares y narcotraficantes tras cumplir sus penas de extradición”, detallaron desde INDEPAZ.
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