Presidencia de la República anunció que ayudará en la investigación para recuperar los dineros de la paz perdidos por corrupción

Antes de que saliera Iván Duque de su cargo como presidente de Colombia, se dio a conocer un escándalo de corrupción con los dineros de la paz, es decir; el presupuesto destinado a la implementación del Acuerdo de Paz, informado en el 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, pues como se informó en su momento se dio un desfalco que podría superar los 500 mil millones de pesos. Tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, este 1 de diciembre la oficina de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en cabeza de Andrés Idárraga, anunció que se pondrá a disposición de la magistrada Cristina Lombana el recaudo de evidencias para el avance de la investigación.

Recordemos que en su momento, se señaló que los órganos de control se encontraban estudiando al menos 24 casos de irregularidades en el trato de los dineros girados por el Ocad Paz, el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, “que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”. Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

En este sentido, el Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD – Paz, por más de 437.000 millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.

Según se conoció en la denuncia, los involucrados en las irregularidades estarían cobrando comisiones de hasta el 12 % para que algunos de los proyectos fueran aprobados para su ejecución. Documentos revelados por el diario La República señalan que, desde marzo del año 2021, entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia tendrían conocimiento de las denuncias sobre los supuestos negocios irregulares. Dentro de los negocios que se salen de la legalidad se resaltan aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías, obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invias.

“En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el Ocad Paz sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”, explica la Contraloría.

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