Este jueves primero de diciembre, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) recordó el tope máximo que los colegios privados de Colombia pueden alcanzar en el aumento del precio de la escolaridad para el año lectivo 2023. Además, señalaron que el sistema de planteles oficiales del país está preparado para recibir la posible migración de estudiantes que ya no puedan pagar los altos precios de las matrículas.
El viceministro de Educación, Hernando Bayona, aseguró que las directivas de los colegios privados solo están autorizadas para hacer aumentos por debajo del 10,84 % del precio fijado para 2022. Esto también está estipulado en la Resolución 020310 del 14 de octubre de 2022 del MEN. Si el plantel educativo cuenta con una certificación de alta calidad, puede subir el precio hasta un 0.50 % adicional; si puede evidenciar que ha implementado estrategias de educación inclusiva, tiene permiso de aumentar otro 0,25 %.
En entrevista con la emisora RCN Radio, el funcionario puntualizó que este porcentaje fue acordado según el índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para agosto. El porcentaje representa un aumento de 6,44 puntos porcentuales frente a la establecida para 2022.
Dado que se aproxima la temporada de matrículas para los colegios de calendario A, junto con las alzas en los precios y la posible insuficiencia del salario mínimo que se establezca para el año entrante, algunos padres de familia podrían verse en la obligación de recortar los gastos menos urgentes para mantenerse a flote. Uno de esos gastos podría ser el cupo de sus hijos en la educación privada.
Desde cuando se anunció el aumento, la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia había calificado el incremento como desmedido. “Estamos muy preocupados porque, si a esto le ponemos el IPC a la canasta familiar y al resto de productos que necesita una familia, como los implementos de aseo y los gastos diario de arrendamiento, seguramente no habrá con qué pagar el colegio el próximo año”, dijo César Ballesteros, directivo de esa asociación, al diario El Tiempo.
Por su parte, el viceministro Bayona manifestó que la crisis económica en los hogares puede causar una gran migración de estudiantes de los planteles privados al sistema público. El funcionario aseguró que el sistema de colegios oficiales puede cubrir la demanda.
“Nosotros estamos preparados para recibir los estudiantes. Lo hemos hecho con la población migrante (de menores venezolanos) y creemos que también lo podemos hacer con las poblaciones que vengan de colegios privados”, dijo Bayona.
Por otro lado, Bayona mencionó que los índices de deserción escolar pueden aumentar, por lo que el Gobierno nacional trabaja en planes de choque para buscar activamente a los estudiantes que queden por fuera del sistema educativo para integrarlos a la escuela pública más cercana a su sitio de residencia.
No obstante, esta solución podría no ser del agrado de los padres de familia. Para Ballesteros, forzar a los niños a abandonar la educación privada vulneraría el principio de libertad de los padres para escoger el tipo de educación que quieren impartir a sus hijos, así como el establecimiento educativo que consideren apropiado.
“Además, consideramos que los establecimientos educativos oficiales no están lo suficientemente adecuados con equipamientos, dotaciones y conectividad y, por ende, no hay la suficiente garantía de calidad”, dijo al diario el padre de familia.
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