Cargos contra el alcalde de Cartagena William Dau por Irregularidades en contrato para la atención del COVID - 19

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos en contra de William Dau, alcalde de Cartagena, porque se detectaron irregularidades en un contrato, que inicialmente, sería destinado a la compra de pruebas de detección del COVID - 19. Junto con el mandatario, se sancionó al exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, Álvaro José Fortich Revollo, pues además del contrato, se habla de un supuesto favorecimiento de la empresa operadora, a sabiendas que no serían capaces de soportar la demanda.

Según lo que reportó el ministerio público, la empresa Ventas, Distribución y Marketing LTDA, quien fue la compañía seleccionada, no tenía la capacidad de suministrar las pruebas, esto obligó a decretar un incumplimiento, que desfasó el presupuesto que inicialmente se había dictado.

Según señalan en el pronunciamiento, el contratista incumplió con el contrato, cuyo objetivo era detectar los casos positivos de COVID - 19, de una manera rápida y oportuna al sistema de salud, no obstante, la entidad no se encontraba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima:

¿Como sancionarían a los funcionarios?

En el caso de Álvaro José Fortich Revollo, quien estuvo en el DADIS durante el año 2020, en el pleno de la contingencia sanitaria, fue él quien hizo el documento, y tomó la decisión de seleccionar a la entidad, esto omitiendo los respectivos pasos de verificación. Adicionalmente, justificó de manera diferente el contrato a lo que inicialmente se había pactado:

Para la Procuraduría, este hecho habría vulnerado el principio de moralidad y eficacia, constituyéndose como una falta gravísima, a título de culpa gravísima, por lo que se atendría a una fuerte sanción, que aunque no se revela, podría ser monetaria y/o suspensoria para ejercer en cargos públicos.

Por parte de William Dau, además de ser imputado bajo los mismos cargos anteriores, el hecho de declarar el incumplimiento del contrato, cuyo presupuesto era de 725 millones de pesos, nunca fue sustentado ni respondido por el alcalde, por lo que el ministerio público valorará si esta demora tuvo alguna implicación en la salud pública.

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