Padres que no paguen por la alimentación de sus hijos ya no irían a la cárcel: la propuesta del ministro de Justicia

Desde que Néstor Ozuna, ministro de Justicia, llegó a su cargo, dejó en claro que su visión con respecto a las normas y el enfoque de la institución debería cambiar. Incluso, en su momento, habló de la importancia de comenzar a ver las penas desde el enfoque restaurativo. Pese a que su visión ha sido fuertemente criticada por los sectores opositores, entre sus últimas propuestas el funcionario del gobierno de Gustavo Petro, propone eliminar varios delitos del Código Penal para descongestionar las cárceles del país, uno de ellos sería la inasistencia alimentaria.

Recordemos que en la actualidad, en la ley se señala que: ”El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Además, “la pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de catorce (14) años”.

Debido a lo estipulado en la constitución, como mencionó RCN Noticias, de acuerdo con los datos oficiales por la violación de esta ley en las cárceles de Colombia hay, al menos, 700 padres de familia privados de su libertad.

En consecuencia, si se llegará aprobar la propuesta del ministro, estos hombres quedarían en libertad bajo el argumento de que pese a la pena punitiva no se ha logrado que los padres paguen la obligación económica a sus hijos y como se dijo al comienzo como medida contra el hacinamiento y la deficiencia estructural de los centros penitenciarios del país.

Por otro lado, confirmó que como parte de las modificaciones que se viene para el sistema, también presentó un proyecto ante el Congreso, que busca darle beneficios económicos a los empresarios que contraten mano de obra de las cárceles: “Se trata de incentivos, primero, que van a tener reducción de IVA de todo lo que se produzca en las cárceles, esto va a permitir que las empresas vayan y busquen la fuerza improductiva de las cárceles”, sostuvo el ministro.

Hace una semana, el ministro también habló sobre otro enfoque carcelario, en este sentido, mencionó que el Gobierno Nacional no tiene las intenciones de privatizar el sistema carcelario del país, ni tampoco su vigilancia “ya que es incompatible con la infraestructura carcelaria y, la custodia de las prisiones es del resorte del INPEC”.

En palabras del jefe de la cartera de Justicia, “existe un modelo de privatización al que no le apostamos, por el momento seguirá existiendo un servicio carcelario prestado por el Estado”, indicó Osuna.

Hay que anotar que para el 21 de noviembre fueron citadas por la Corte Constitucional a sesión técnica varias entidades del Estado de nivel nacional y territorial, con la finalidad de resolver el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), y evaluar las distintas problemáticas administrativas, normativas o presupuestales que afectan los derechos de la población privada de la libertad.

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