La impunidad en casos de hurto en la capital colombiana ha generado múltiples debates y críticas respecto al funcionamiento de la justicia. Fue la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien condenó, en semanas pasadas, las decisiones de los jueces que determinan dejar en libertad a señalados ladrones. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en lo que va del año, se ha logrado detener 26.797 personas acusadas de robar, sin embargo, del total, solo 4.000 fueron requeridos a instancias más avanzadas, los demás fueron liberados.
Esto sucede paralelo a la queja que levantó la mandataria local sobre la acción de la Corte Constitucional de tumbar el aval que le daba la Ley de seguridad ciudadana a la Policía nacional para acceder a los circuitos cerrados de vigilancia, con fines de “prevención, identificación o judicialización”. “No puedo creer esto. Espero leer la sentencia completa. ¿Que la Policía no puede acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad porque es desproporcionado? Desproporcionado con quién? Las cámaras son precisamente para la seguridad! Parece un empeño por no hacer ni dejar hacer”, escribió en su cuenta de Twitter.
La alcaldesa, sin embargo, se retractó y aseguró que un medio de comunicación había entregado mal la información del fallo. “Agradezco a la Corte Constitucional la aclaración de que el fallo no es como lo presenta el titular. El comunicado de la Corte aclara que la Policía sí puede acceder a las cámaras públicas y a las privadas también, pero con restricciones de protección a la garantía de otros derechos”, agregó la mandataria capitalina.
Lo que realmente dice el fallo es, entre otras cosas: “De ahí que el ordenamiento nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos hayan establecido un conjunto de principios para la administración de datos personales que deben ser aplicados –de manera estricta– al momento de ponderar derechos y bienes jurídicos en tensión y, de esta forma, evitar el ejercicio “abusivo y arbitrario de la libertad informática”.
En la mañana de este miércoles, de hecho, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la impunidad que existe en Colombia y en otros países del mundo. “La Justicia criminal y la impunidad en el mundo. Colombia en el puesto 119. Una reforma a la justicia debe apuntar a más presupuesto, más fiscales y más jueces y a su mejor preparación. La toma política de la justicia solo lleva a su toma por la criminalidad”, indicó el mandatario.
De acuerdo con lo que reveló la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía Mayor, en agosto de este año, de los 5.559 detenidos entre el 25 de enero y el 29 de julio, 4.345 fueron dejados en libertad, es decir, el 88% de ellos.
A principios de este mes, López se enfrentó al gremio de jueces luego de que una funcionaria dejara en libertad a trece señalados ladrones que fueron acusados de robar a los pasajeros de un bus de TransMilenio. En su momento argumentó que una de las razones para no enviarlos a la cárcel era que sería costoso mantenerlos allí. Cada preso, dijo la presa, le cuesta al Estado 1.800.000 pesos mensuales.
“¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? ¿Cuándo uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, qué dirán? ¿Qué sale más barato una vida menos?”, cuestionó la mandataria local. “13 atracadores capturados por @PoliciaBogota con armas blancas y de fuego, en flagrancia tras haber robado y herido a las víctimas, con celulares y otras pertenencias robadas en TransMilenio. El Fiscal pidió detención en cárcel. El juez de garantías la negó y los dejó libres”, añadió.
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