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Sigue la alerta por el asesinato de líderes sociales en Colombia, que a estas alturas del año ya estaría por encima de las cifras presentadas durante 2021, pues de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el número de líderes asesinados en hechos de violencia en 2022 registra un total de 171 casos, el cual supera a los 161 que registró la organización un año atrás.
El centro de investigación también reportó que en lo corrido del año se han presentado 90 masacres, 28 de estas desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República, lo cual prende las alarmas más allá del aumento de casos de un año a otro, debido a que los crímenes no disminuyen pese a las acciones de diálogo que plantea el Gobierno nacional.
De acuerdo con el presidente de Indepaz, Camilo González Posso, esta situación se debe a que:
“Hay unos pequeños grupos que no están sometidos a esas direcciones o grupos armados. Pueden estar hablando con el Gobierno nacional, pero allá un grupo tiene una franquicia y dispara contra la gente, hay escuelas de sicarios y hay una expansión de la mafia que andan en camionetas y en los bancos, atacando gente para consolidar territorios”.
Para el presidente de Indepaz, aunque hay grandes estructuras de alto impacto como el ELN o Clan del Golfo, “también hay unas 700 pequeñas bandas de grupos delincuenciales que no están dentro de unas disciplinas organizativas”.
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En el informe ‘Desafío a la Paz Total, lo que recibió el Gobierno de Gustavo Petro’, realizado por Indepaz, se puede establecer que en Norte de Santander, Arauca, Chocó, el Urabá antioqueño y Valle del Cauca, se están presentando disputas entre estos grupos armados ilegales que afectan directamente a la población civil, pero, además, hay disputas en algunas ciudades entre bandas dedicadas a la delincuencia y el narcotráfico.
González Posso también habló sobre los diálogos de paz que inicio el Gobierno nacional con el ELN el pasado 21 de noviembre y expresó que los diálogos tienen que avanzar, porque podrían causar un efecto en las organizaciones menores.
“Un acuerdo de cese de violencias con los más grandes puede tener algún efecto en cadena, pero no es inmediato, además hay enfrentamientos entre esos mismos grupos que ya ha pasado en Arauca, en Putumayo y bandas urbanas en Medellín, donde hasta acusa a pobladores desarmados de ser colaboradores del enemigo y proceden a desplazarlos, violentarlos, amenazarlos o asesinarlos”, aseguró González.
En el mismo informe quedó establecido que el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han incrementado el número de sus combatientes, aunque no se entrega una cifra o número exacto sobre cuántas personas podrían hacer parte de los grupos armados.
Por otro lado, en diez departamentos del país, los grupos considerados narcoparamilitares afectaron el 10 % de sus municipios; en el caso del Chocó y Córdoba la cifra supera el 90 %.
En conclusión, el director de Indepaz resaltó que se debe trabajar con todos los grupos armados, pero también darle alternativas a la población y poder tener otras opciones distintas al narcotráfico, ser gota a gota, cómplice de las mafias y de todo tipo de estas actividades que tienen prisioneros a comunidades y diversos municipios.
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