Desde el pasado 29 de noviembre, en redes sociales, se volvió viral un video donde se puede ver a dos agentes de la Policía de Cartagena esposando a Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, que tenía a un bebé en su manos, mientras reclamaba su liquidación en la empresa del diseñador Jon Sonen.
La mujer aseguró en entrevista con la W Radio que lleva dos años esperando a que le paguen su liquidación y que incluso ya interpuso una tutela, pero que la empresa ha decidido no responder y que cuando llamaron a la Policía fue con la excusa de que estaba alterando el orden público.
Después de conocerse los hechos, la Defensoría del Pueblo se acercó a la mujer para ofrecerle una asesoría legal.
Según la información que ha recopilado la entidad, desde febrero de este año, “se han realizado acciones en pro de que se le cumpla con sus derechos, pero a pesar de un fallo de una acción de tutela a favor de la mujer, del 14 de mayo de este año, y de un trámite de incidente de desacato, la empresa no cumple con sus obligaciones”, se puede leer en el comunicado oficial.
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Más precisamente en el documento interno de la Defensoría se informa que:
“A pesar de existir un fallo de tutela y un requerimiento por desacato, nunca se obtuvo una respuesta de parte de su exempleador, por lo que se procedió desde la Regional Cartagena a interponer Demanda Ordinaria Laboral, en la cual se busca, entre otras pretensiones, el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones de ley, la cual correspondió al juzgado 8 laboral del circuito de Cartagena”.
En el mismo documento que está en poder de la Defensoría del Pueblo, se subraya que la empresa Sonen Internacional SAS tenía hasta el 15 de noviembre de 2022 para presentar contestación de demanda, “pero al observar el link del expediente digitalizado del juzgado se evidencia que no presentó contestación”, informó la entidad del Ministerio Público.
Por esa razón, las autoridades solicitaron llevar a juicio a la empresa, “fecha que está a la espera de ser fijada por el juzgado, ya que depende de los turnos que tengan en el mismo”, informó este miércoles la Defensoría del Pueblo.
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Por las acciones emprendidas por los agentes de la Policía Nacional en contra de la mujer, la institución le envió un requerimiento a la Policía Metropolitana de ese departamento en el que se hace un llamado a la manera de como se trató a la mujer y a sus dos hijos menores de edad.
“Se solicita se investiguen los hechos denunciados y se tomen las acciones que considere pertinentes para evitar procedimientos que pongan en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños”, pidió la Defensoría del Pueblo.
Por último, la misma institución indicó que todo procedimiento realizado por alguna autoridad debe garantizar un trato digno, humanizado y diferenciado, con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos.
“Toda vez que estamos ante una mujer en condiciones de vulnerabilidad que en un acto desesperación solo buscaba respuestas efectivas a una situación que afecta sus derechos laborales, y con ello su calidad de vida y la de su familia”, concluyó la Defensoría del Pueblo en su comunicado.
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