Por la compra de votos de Aida Merlano, Corte Suprema abrió proceso penal contra el expresidente del Senado Arturo Char

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hizo oficial la apertura del proceso penal en contra el senador Arturo Char por el caso de compra de votos de la también excongresista Aida Merlano. El ex presidente del Congreso y miembro de Cambio Radical deberá rendir indagatoria por dos delitos.

El alto tribunal lo señala como presunto partícipe del pacto que realizó la compra de votos para asegurar la elección de Merlano, avalada por el partido Conservador, en las elecciones del 2018. Por esa razón, lo acusó de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

“Corte Suprema de Justicia abre proceso penal contra el senador Arturo Char por presunta participación en pacto de compra de votos para Aída Merlano, Lilibeth Llinás y su reelección como senador en campaña de 2018. Irá a indagatoria por concierto para delinquir y corrupción al sufragante”, comunicó el órgano judicial.

La investigación, de acuerdo con lo revelado de la sentencia por parte de la revista Semana, concentra el presunto origen del pacto de compra de votos en el círculo de la familia. Especialmente, en Alejandro Char, entonces alcalde de Barranquilla, quien sostenía una relación sentimental con Merlano.

Además, Llinás habría sido la fórmula para la Cámara de Representantes, amiga cercana de ‘Álex’ y Arturo, su hermano. A este entramado se habría sumado Julio Gerlein Echeverría, de acuerdo a lo revelado por el medio citado de la decisión del magistrado Álvaro Farfán, por establecer vínculo político con la familia Char, principal fuerza política en el Atlántico que hace parte de Cambio Radical.

En pacto que se consolidó con la sede política de Merlano, que fue denominada por la Fiscalía en 2018 como Casa Blanca, desde donde se coordinó la compra de votos, incluía también aparentemente la reelección de Arturo Char, quien pasó a ocupar la presidencia del Congreso en el 2020 pese a los cuestionamientos en su contra.

Merlano huyó poco después en una cinematográfica fuga desde Bogotá. Actualmente se encuentra en Venezuela, desde ha comparecido a los llamados de las autoridades en Colombia y ampliado los testimonios en contra, tanto de los hermanos Char, como de otros políticos a quienes acusa de participar en su compra de votos.

Tras la indagación preliminar en la que la Corte escuchó a varios implicados y recibió las pruebas, se decidió abrir indagación en contra del senador. Los demás señalados de hacer parte del entramado criminal deben ser investigados en la justicia ordinaria, es decir, por parte de la Fiscalía.

El pasado 8 de noviembre, nuevamente, la Corte Suprema de Justicia solicitó la extradición de Merlano al país como parte de la condena que emitió en su contra por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. El tribunal le negó la prisión domiciliaria y exigió que sea enviada al país para cumplir los cinco años de cárcel en un centro penitenciario colombiano.

La condena se emitió con base en los documentos que fueron encontrados en su sede de campaña en el allanamiento de 2018, donde se encontraron cheques girados su campaña desde cuentas corrientes a nombre de los hermanos Mauricio Antonio y Julio Gerlein durante los meses de enero a abril de ese año.

“Esas transacciones estaban encaminadas a lograr dinero efectivo que finalmente llegaba a las arcas de la campaña política, como que se realizaron precisamente en la época inmediatamente previa a la realización de los comicios, verificándose que en ese periodo los Gerlein Echeverría emitieron 82 cheques por valor que coincide con el del aludido préstamo: los títulos en total sumaron $4.313.781.000″, señaló la sentencia condenatoria.

Esa decisión se emitió en primera instancia, por lo que cuenta con recurso de apelación. Esta es la segunda condena contra la excongresista, después de que en 2019 fue condenada por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal a 11 años de prisión, confirmada en el año 2020.

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