Multinacional Drummond sería vinculada al proceso por asesinato de dos líderes sindicales en Cesar

El proceso penal por el homicidio de líderes del sindicato Sintramienergética habría dado un paso hacia el reconocimiento de víctimas y responsables, pese a los retrasos que de acuerdo con la defensa se han presentado. La Fiscalía habría vinculado a la multinacional Drummond como tercero civil responsable.

La Fiscalía 251 delegada ante los jueces Penales del Circuito Especializados, según reveló la W Radio, determinó “vincular como tercero civilmente responsable a DRUMMOND Ltd”, debido a que las conductas punibles investigadas por la Fiscalía “pudo contraerse a realizar acciones de «seguridad»” contra la presencia subversiva que afectara a la multinacional, de acuerdo con lo citado por la emisora del documento.

Esa misma Fiscalía había admitido Sintramienergética como parte civil el pasado mes de agosto de 2022, en el proceso que se adelanta contra empleados y directivos de la multinacional por actos de violencia antisindical. Las víctimas, desde la Comisión Colombiana de Juristas, han buscado el reconocimiento en los procesos que se adelantan, así como solicitaron desde hace casi un año que la JEP los reconozca como víctima en los casos de dos terceros responsables del homicidio de dos de sus líderes.

El proceso que se sigue investiga el homicidio Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética -Sintramienergética - ocurrido el 12 de marzo de 2001.

Ellos trabajaban en la mina de la multinacional Drummond y ese día, al terminar la jornada laboral, se transportaron en un bus de la empresa hacia Valledupar. Pero a la altura de la vereda Casa de Zinc, una camioneta Ford los interceptó e hizo bajar a todos los trabajadores.

Una persona desde el interior de la camioneta, con los vidrios cerrados, indicaba que debían buscar a Orcasita y Rodríguez. A este último lo asesinaron en ese mismo lugar tan pronto lo identificaron y al otro lo llevaron en la camioneta, amarrado, hasta que a la media noche fue hallado en el corregimiento Loma Colorada. Su cuerpo tenía seis impactos de bala.

En horas de la mañana de ese día, ambos dirigentes sindicales se habían reunido con los directivos de la mina, tras varias semanas en las que exigían un corrector nivel de la prestación del servicio de alimentos. Le habían manifestado a los directivos que de no buscarse una solución, podrían llevarse a una suspensión de las actividades de los trabajadores.

La empresa que llevaba el contrato era ISA, a cargo de Jaime Blanco Maya, quien fue condenado a 37 años de prisión por haber establecido vínculos con grupos paramilitares, así como Jairo de Jesús Charris Castro, un paramilitar que trabajaba para Blanco Maya. Este último ha declarado que había intenciones de la multinacional y su jefe para presionar a los miembros del sindicato así como proveer seguridad a la infraestructura minera.

El pasado 16 de noviembre, la CCJ había solicitado celeridad en el proceso penal en la Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, contra el presidente de la compañía entre 1989 y 2013, Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, quien fue vicepresidente entre 2000 y 2006, estaba estancado. Aseguran que lleva más de dos años sin haber sido resuelto.

La defensa y las víctimas esperan que con la apertura del caso 8 de la JEP sobre agentes del Estado y terceros civiles responsables acelere las investigaciones en contra de la multinacional. Así mismo, esperan que puedan ser reconocidos como víctimas en los procesos para acceder a justicia y verdad, como parte de los que denuncian como una persecución contra los representantes sindicales en Cesar y Magdalena que, aseguran, fue financiado por la minera norteamericana Drummond.

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