En la mañana de este martes 29 de noviembre se conoció que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció una audiencia en la que participarán los dirigentes de la hidroeléctrica Hidroituango y de a Empresas Públicas de Medellín, para discutir sobre los posibles restos humanos que habrían en cercanías al proyecto.
Será el próximo 6 de diciembre cuando las partes de las citadas entidades deberán comparecer para explicar por las presuntas víctimas del conflicto armado que estarían en el lugar. Esto, en el marco de las medidas cautelares que se desarrollan actualmente por el mismo tema.
Además, la JEP le dio 10 días de plazo a EPM para que algún dirigente de la entidad explique si los cuerpos que allí se encontraron cumplían con la plena identificación y si se había logrado establecer si hacían parte de la guerra que azotó el departamento antioqueño por varios años.
“Establecer si ninguno de los cuerpos sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y la Fortuna (Buriticá), guardaban relación alguna con el conflicto armado. Es decir, que todos los cuerpos allí inhumados correspondían a personas debidamente identificadas y sobre las que, por tanto, existía la respectiva documentación”, señala el tribunal de paz.
Cuando se reúnan las partes en Bogotá, a inicios del próximo mes, se presentará un informe de los restos humanos que se evidenciaron en los cementerios antes descritos, que no solo contará con la presencia de EPM sino también con delegaciones de la Fiscalía General y de Medicina Legal.
Con ello se busca establecer las identidades de los restos que pudieron haber sido arrojados al río Cauca y por ello, mediante un trámite de búsqueda liderado por la organización Equitas se establecerá si la hidroeléctrica habría omitido este aspecto en la construcción del mega proyecto, que sigue embolatado.
Es más, los magistrados de la JEP consideran que todos estos detalles deben ser expuestos a la opinión pública luego de que, a la fecha, estos no “han entregado la información relativa a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM, específicamente, no ha remitido las bases de datos correspondientes”, reza el organismo de paz.
Si se aprueba el informe perital, desde la JEP piden que se tengan en cuenta todos los lugares en los que, posiblemente, puedan haber restos humanos y así ayudar con la contribución de verdad y reparación, que son algunos de los objetivos de esa corte creada tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc.
Por ello, se solicitan tener en cuenta “todos y cada uno de los lugares formales e informales en que se presume se encuentran inhumadas las personas dadas por desaparecidas en ocasión del conflicto armado interno, ubicados en la jurisdicción geográfica del proyecto, especialmente aguas abajo”, dice la JEP.
Hay que recordar que, días atrás, desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) se había exigido que se realizara un peritaje en Ituango y territorios aledaños al proyecto para establecer cuerpos y victimas. “Práctica de una prueba que permita a la citada agrupación desarrollar una prospección arqueológica subacuática en aguas continentales, en uno de los lugares identificados como de posible localización de cuerpos en la zona inundada del embalse, a fin de evaluar la probabilidad de hallazgo y recuperación de los cuerpos de las víctimas de desaparición que fueron arrojadas al río Cauca”, señalaron desde la oenegé.
Es más, el pasado 8 y 9 de octubre en Medellín se realizó una audiencia donde la JEP instó a EPM que revelara la citada información.
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