Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los riesgos que atraviesa la población civil del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, ubicado en zona rural del Distrito de Buenaventura, por cuenta de combates entre grupos armados ilegales en territorio.
De acuerdo con lo expresado por la entidad, la comunidad informó sobre combates acontecidos en la vereda San José, donde hay presencia la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hasta 2015 el Centro Nacional de Memoria Histórica tenía registros de que en Buenaventura, de los 400.000 habitantes, más de 160.000 estaban acreditados como víctimas del conflicto armado.
Según la institución, los paramilitares cometieron 20 actos terroristas entre el casco urbano y la zona rural, mientras que la guerrilla 182, incluido afectaciones también provenientes de bandas criminales, la fuerza pública y actores no identificados, “con repertorios de violencia como amenazas, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidios, secuestros, tortura, minas antipersonales, entre otros”, señaló el centro.
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Puntualmente, en Buenaventura, el territorio de la Cuenca del río Yurumanguí fue uno de los puntos más afectados por culpa de la violencia, tanto así, que la Unidad para las Víctimas incluyó al Consejo Comunitario de la cuenca del Río Yurumanguí en el Registro Único de Víctimas.
El Estado colombiano advirtió sobre la atención y reparación integral a las víctimas que concluye la viabilidad de hacer restitución de los bienes perdidos y afectados, así como invertir en el mejoramiento de las viviendas e infraestructura pública de las veredas de la cuenca del Río Yurumanguí.
En su alerta de este martes 29 de noviembre, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado urgente a la Fuerza Pública, particularmente a la Armada Nacional, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional, para que haga presencia en este territorio y verificar la situación denunciada.
De la misma forma, los llamó para implementar las acciones necesarias para restablecer el orden público y evaluar las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sucedido en el marco de los combates denunciados.
En el mismo sentido, la entidad el Ministerio Público, recordó que el Consejo Comunitario se encuentra como población en riesgo según la Alerta Temprana de Inminencia 079 -2018, para la zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, riesgo confirmado en el informe de seguimiento a esta Alerta presentado en enero de 2022.
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Por otro lado, y según la Unidad para las Víctimas, la comunidad del río Yurumanguí “se convirtió en la primera comunidad étnica del Valle del Cauca en contar con un Plan Integral de Reparación Colectiva”.
De acuerdo con lo expresado por la entidad, el proceso de reparación fue aprobado por un costo de $3.830 millones de pesos, e incluye aspectos como fortalecimiento comunitario y organizativo, actos simbólicos, adecuación de canchas comunitarias y dotaciones deportivas y culturales.
Albert Arroyo, líder de esta comunidad, dijo que “el proceso de trabajar en la construcción de este plan significó ser parte de la proyección de la vida y el futuro de un pueblo que se quiere levantar de muchas tragedias por el conflicto”.
Hay que recordar que el Sujeto de Reparación Colectiva Río Yurumanguí hace parte de los 11 colectivos priorizados por la Unidad para las Víctimas en la Ruta de reparación colectiva étnica en el Distrito de Buenaventura.
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