Advertencia de la Fiscalía: si no se encienden las turbinas de Hidroituango antes del 30 de noviembre abrirá investigación penal

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió este 28 de noviembre que si Empresas Públicas de Medellín (EPM) no cumple su compromiso con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de poner en funcionamiento el megaproyecto Hidroituango antes del 30 de noviembre, ordenará abrir una investigación penal.

De igual forma, el jefe del ente acusador aseguró que se conformó un grupo especial de fiscales e investigadores para hacer un seguimiento exhaustivo al megaproyecto y que analiza qué medidas tomar en caso de que no entre en funcionamiento antes de la fecha estipulada por la Creg.

Si Hidroituango no entrase en funcionamiento antes del próximo 30 de noviembre, la multa que deberá pagar EPM a la Creg es de 190 millones de dólares, es decir, más de 9 billones de pesos.

Durante la última semana, la compañía ha informado sobre importantes avances en la hidroeléctrica, que porveerá el 17 % de la energía al país: ya la unidad uno fue sincronizada con éxito, y la unidad dos debería ser sincronizada antes de la medianoche del 30 de noviembre. Al respecto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que “EPM se va a jugar esta semana su propio mundial, poner las dos turbinas a sincronizarse con el sistema interconectado nacional, vale 1 billón de pesos, y otros 3 billones en pérdidas si no se logra. Estamos hablando de 4 billones de pesos”, durante un consejo de Gobierno.

Y agregó que de no cumplirse el plazo, buscará todos los mecanismos posibles para que EPM no se vea afectada. “Se tiene hasta las 12:00 de la noche del 30 para cumplir con ese plazo; no está fácil, vamos a hacer todo lo posible, y en caso de que no lo logremos vamos a buscar otros mecanismos, acciones legales, que nos reconozcan el COVID o algo por el estilo porque hay que defender a EPM”.

De todas formas, el alcalde ha advertido que si bien las dos turbinas pueden estar listas antes de la fecha estipulada por la Creg, es posible que la hidroeléctrica no pueda entrar en funcionamiento por algunas pruebas adicionales que se requieren y por las evacuaciones de las comunidades que habitan a orillas del río aguas abajo, como lo ordenó la Unidad de Gestión de Riesgo.

El gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, también ha dicho que no se puede evacuar a todas las comunidades en dos días para poder prender las turbinas de la hidroeléctrica de forma segura.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a nueve ex dirigentes de EPM y a varios políticos, entre ellos al exalcalde de Medellín Alonso Salazar y al exgobernador de Antioquia Alfredo Ramos, por supuestas irregularidades en los procesos de contratación de Hidroituango.

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