Violencia política contra mujeres: aprueban el proyecto de ley en plenaria del Senado

Este lunes 28 de noviembre, el Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. La iniciativa la lidera la congresista María José Pizarro, del Pacto Histórico junto con Nadia Blel, del partido Conservador.

“Después de 10 años, hoy estamos discutiendo esta iniciativa”, aseguró Nadie Blel durante su intervención en el Senado de la República. De acuerdo con la legisladora, la bancada conservadora ha intentado en tres ocasiones llevar una ley que sancionara y erradicara la violencia política contra las mujeres. “Este no es un tema menor —explicó la congresista—. Este es un tema que silencia las voces de muchas mujeres en nuestro país”.

Para María José Pizarro, la aprobación del proyecto de ley —que ahora se discutirá en la Cámara de Representantes— es “un mensaje oportuno” teniendo en cuenta la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese día hubo diferentes movilizaciones feministas en el territorio colombiano que destacaron los distintos tipos de violencia de género que han vivido las víctimas en el país.

En contexto: Manifestación del 25N: víctimas de violencia de género escribieron sus historias en una tela entregada por el colectivo Jacarandas

La senadora del Pacto Histórico manifestó que la iniciativa tiene disposiciones muy importantes. “Tiene toda una serie de definiciones sobre qué tipo y que es la violencia política contra las mujeres”, expuso Pizarro y brindó como ejemplo la violencia simbólica, psicológica, física, sexual, digital y económica que ejercen en contra de las víctimas. “Busca también promover la participación política de las mujeres, que seamos cada vez más participando en la política”, agregó.

El documento no solo contempla sanciones, sino también involucra a las autoridades electorales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías por medio de disposiciones de “origen pedagógico y de restitución de derechos a aquellas mujeres que se les hayan sido negados sus derechos políticos”. Por otro lado, instaría al Gobierno nacional a implementar políticas públicas que generen condiciones de igualdad.

“Es un proyecto de ley completo (...) que busca promover la participación política y sancionar la política que se ejerce en contra de ellas”, expuso Pizarro en un video compartido en su cuenta de Twitter. A su vez, precisó que esta problemática se presenta en los partidos políticos, corporaciones públicas y redes sociales.

El diario El Espectador conoció el documento con las medidas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. Entre las acciones se destaca la creación de un registro anual de casos para reportarlos al Ministerio del Interior y al Observatorio Colombiano de las Mujeres; promover al interior de las entidades distintas rutas y protocolos para la atención oportuna, y suscitar espacios de sensibilización y prevención.

En la iniciativa también se contempla que el Consejo Nacional Electoral tenga la función de promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres. A su vez, exhorta el seguimiento y los mecanismos de fortalecimiento de igualdad de género en las listas a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), esta problemática es entendida como “las agresiones basadas en género dirigidas hacia las mujeres y/o sus familiares, o personas que tengan relación inmediata con ellas, con el objetivo de impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de participación y/o representación”.

La entidad publicó recientemente un informe en el que asegura que “el clima del ejercicio de los derechos políticos en Colombia es hostil”. En 2022, con corte al 25 de octubre, se han registrado 90 agresiones que han posicionado a este año como el tercero más violento para las lideresas políticas, sociales y comunales del país. Eso representa un incremento del 60,7 % frente a 2018, cuando se realizaron las elecciones legislativas y presidenciales.

SEGUIR LEYENDO: