Las cifras de la violencia homicida en el conflicto colombiano: una aproximación a una dimensión inconmensurable

Los datos numéricos no permiten entender el dolor que causó la guerra en las víctimas y el daño en la sociedad colombiana, pero conocerlos ayudan a conocer el espacio que ocupó la violencia en el país. Son claves para determinar los delitos de lesa humanidad, por qué ocurrieron y en qué momento se presentaron.

En el tomo Hasta la guerra tiene límites del Informe Final de la Comisión de la Verdad, los investigadores abordaron las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) para ofrecer número observables y estimables de las responsabilidades colectivas, como uno de sus propósitos centrales.

Trataron de dimensionar el conflicto con cifras, pero se encontraron con un obstáculo mayúsculo: el subregistro. Así se estableció un sistema de estimación estadística y probabilística, entre las diferentes bases de datos a las que accedió la entidad, para determinar la totalidad de casos conocidos y, también, los desconocidos.

Este sistema se utilizó para las violaciones de derechos humanos: homicidio, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y, parcialmente, para desplazamiento forzado. En este apartado se resumirán los hallazgos para la violencia homicida, incluidas masacres, asesinatos selectivos, masacres y desaparición forzada.

Esta mirada parcial a la dimensión del conflicto estima que en Colombia, de 1985 a 2016, fueron víctimas de homicidio 450.666 personas aunque podría llegar hasta los 800.000 dado el subregistro. La principal falta de datos se presenta entre 1998 y 2004, aunque se extiende durante toda la última década del siglo XX.

“En este sentido, la pérdida de vidas (homicidio) en el conflicto armado se ha dado de forma individual o colectiva y selectiva o indiscriminadamente por parte de agentes estatales, grupos guerrilleros, grupos paramilitares y terceros51, que terminaron con la vida de miles de personas como parte de sus estrategias de guerra”, señala la Comisión.

El análisis de las estimaciones permite evidenciar que el uso de la violencia letal fue más particularizada, es decir que predominó el homicidio de una persona. Estos tienen un registro altamente superior que los homicidios colectivos o masacres que la CEV denominó a partir de la muerte de cuatro personas o más.

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Este tipo de hechos no son catalogados como un delito en el marco jurídico colombiano ni internacional, pero son una categoría de las ciencias sociales y que ha tenido relevancia en el conflicto nacional. Según el informe, se tiene registros de 1959 y hasta 2019 el número estimado de masacres es de 4.237 casos.

Desde 1980 las masacres se convirtieron en un tipo de violencia frecuente en el país hasta 2001, cuando alcanzó el pico con 405 casos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica. Al menos en el 62 % de los municipios ocurrió una masacre; un hecho violento que causa profundos traumas en las comunidades y que fue utilizado por los diferentes actores armados para generar terror.

Antioquia es el territorio más afectado y en sus tierras ocurrió el 29 % de las masacres en seis décadas del conflicto. Los primeros registros corresponden a la década de La Violencia, entre conservadores y liberales, con un alto grado de sevicia y principalmente en el departamento del Tolima.

Aunque el 78 % de los registros son homicidios de 4 a 6 víctimas, en el conflicto colombiano hay casos como La Chinita con 35 víctimas o la masacre de Tacueyó (Cauca) que es una de las más grandes en cuanto a victimizaciones en la historia, con 164 personas asesinadas por las Farc.

La CEV estableció que este tipo de delitos se cometió para abrirse camino en los territorios en disputa y lograr el control y vaciamiento de pueblos enteros. Por eso, entre 1994 y 2004, los grupos paramilitares aumentaron en cuatro veces el número de masacres, junto con los planes de expansión de los grupos guerrilleros, específicamente las Farc, que había decidido consolidarse tras la Octava Conferencia.

“El terror fue una directriz general de los paramilitares para someter mediante el miedo a la población asentada en los territorios de influencia de las guerrillas, desafiándolas, mientras ocupaban la región”, señaló la CEV. Se usaron para controlar economías ilícitas, establecer poder, así como “provocar la mayor humillación posible y el máximo estado de indefensión proporcional al estigma que se había construido sobre los territorios y sus habitantes”.

Aunque se tiene poca información de la ocupación de las víctimas, la mayoría son campesinos, seguidos por trabajadores de fincas, obreros, pescadores, comerciantes, mineros. Los militantes políticos también fueron una población altamente victimizada por este tipo de hechos. En estos últimos, las cifras han llegado a un mínimo histórico, pero se centran contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, así como desmovilizados.

Son entendidos como muertes premeditadas de personas indefensas que no forman parte del conflicto o fuera de combate; en el caso de los agentes del Estado, se denominan ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con la CEV, entre 1958 y 2019 habrían ocurrido alrededor de 178.364 casos, con un alto subregistro por la dificultad para denunciar y la ausencia de mecanismos de registro de esta violencia.

“Las víctimas de los asesinatos selectivos fueron personas señaladas como colaboradoras de grupos contrarios; líderes sociales, comunitarios o políticos; integrantes de la fuerza pública o de grupos ilegales en estado de indefensión; desmovilizados; trabajadores rurales; comerciantes o habitantes de ciertas regiones; personas estigmatizadas socialmente o consideradas como «indeseables» a partir de sus condiciones económicas, físicas, cognitivas, morales o sexuales, entre otras”, señaló la Comisión.

Por temor o por imposibilidad de identificarlos, las víctimas no denunciaron a los responsables. Los grupos paramilitares, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron los principales perpetradores de asesinatos selectivos con (44 %), seguido del dato desconocido (35,4 %), luego los grupos guerrilleros (16 %) y agentes del Estado (3,1 %). Entre 1984 y 1990, las guerrillas superaron a los paramilitares.

Llama la atención, principalmente, que este es uno de los crímenes en los que el Estado superó como responsable a los demás actores armados. Entre 2006 y 2008 fueron los agentes estatales los principales responsables de ejecuciones extrajudiciales, principalmente por parte de miembros del Ejército que asesinaron jóvenes para presentarlos como supuestas bajas en combate en el caso conocido como falsos positivos.

Después de los liderazgos sociales que son el principal grupo poblacional víctima de asesinatos selectivos (38 %), se encuentran los liderazgos políticos (15 %), como el caso del exterminio de la Unión Patriótica entre los casos más relevantes que arrasó con la vida de más de 5.773 miembros, militantes y cercanos.

El 7 % lo representan funcionarios públicos, judiciales y testigos de delitos. Los desmovilizados también representan un grupo especial vulnerable de esta violencia selectiva, como el caso de los 2.202 excombatientes de la AUC asesinados después del proceso de paz del 2003.

La CEV señaló que los asesinatos selectivos estuvieron cargados por miradas estigmatizadoras hacia personas que no compartían la identidad del grupo armado y, entre ellos, fueron altamente victimizadas las personas de la población LGBTIQ+.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, la CEV señaló que hay registros desde los años 1950, explicados principalmente por la estigmatización de los movimientos sociales reivindicativos estigmatizados como insurgentes. Sin embargo, el 78 % de la victimización ocurrió entre el 2000 y el 2008.

Los también denominados ‘falsos positivos’ fueron un hecho masivo y generalizado. “Todas las divisiones del Ejército Nacional estuvieron implicadas en la ocurrencia de este tipo de actos, por medio de, por lo menos, 162 batallones y unidades especiales adscritas al Ejército246 en 32 departamentos del país”, sostuvo la CEV.

Además, el gobierno de los Estados Unidos había conocido de casos desde 1990 cuando el embajador Thomas McNamara informó de un caso en El Ramal, Santander. En este, describió que un juez ordenó quemar los uniformes militares que vestían los cuerpos al no tener orificios de las balas que los asesinaron. En 1994 Myles Frechette alertó de la práctica de conteo de cuerpos y en 1997 hay un informe de cómo estaba vinculada con violaciones de derechos humanos.

La Comisión encontró un 54 % de datos faltantes, por lo que las cifras consolidadas son meramente ilustrativas, aunque en el proceso de análisis los responsables siempre fueron los mismos. En este aspecto, establece 121.768 víctimas de 1985 a 2016 que podrían llegar a ser hasta 210.000 dado el subregistro.

El dato más probable al que llegó la Comisión, pese a la ausencia de datos, es que los grupos paramilitares son responsables del 52 %; FARC-EP 24 %; «múltiple» 9 % y agentes estatales 8 %. Pero la incertidumbre de la dimensión es muy alta, por ejemplo, “el rango de estimación de la responsabilidad de agentes estatales en desaparición forzada varía entre 9.888 y 22.384″, se lee en el informe.

“La desaparición forzada de personas les sirvió para propagar el terror y la incertidumbre en la población y para afectar a las comunidades, desplegando estrategias que generaran confusión sobre lo sucedido y dificultaran la localización de la persona desaparecida. Esta práctica se usó para afectar los liderazgos sociales, comunitarios y políticos, instaurando zozobra y miedo en los actores sociales”, señaló la Comisión.

Entre las violencias e infracciones al DIH se cuenta el uso de minas antipersona. La CEV estableció que el uso de esta munición condenada por los estándares internacionales dejó al menos 887 víctimas civiles entre 1990 y 2022. Los más afectados han sido los miembros de la fuerza pública con 1.454 muertos. Aunque este es un tipo de violencia principalmente destinado a causar mutilación y dolor. Las Farc son responsables del 42 % de los campos minados en el país, 7 % ELN y un 1 % los paramilitares.

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