La ‘violencia letal’ que desembocó en el exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90

“Se cometió un genocidio sistematizado, permanente. Nosotros no teníamos tiempo de enterrar la gente. A veces la gente quedaba tirada en las carreteras porque había miedo de recogerlos”, le dijo una lideresa política exiliada a la Comisión de la Verdad sobre el exterminio de la Unión Patriótica. Ese movimiento, que nació de un proceso que buscaba consolidar la paz por la vía democrática y la representación política, terminó por ser prácticamente extinguido a partir de la muerte, la desaparición y la estigmatización.

La UP nació en los Acuerdos de La Uribe de 1984, pactados entre el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco y el M-19, las Farc, el EPL y la Autodefensa Obrera —ADO— en un contexto donde estaba en auge la movilización social, sobre todo aquella liderada por estudiantes, trabajadores y campesinos. Su primera participación electoral fue en 1986, año en el que obtuvo una sorprendente acogida nacional reflejada en 329.000 votos solo en las elecciones locales.

Antioquia, Meta, Arauca y Caquetá fueron los departamentos donde más triunfó el partido de izquierda, y justamente esos resultados fueron un reflejo de que, por vía democrática, los sectores alternativos podrían hacerle contrapeso a los tradicionales. Y por esa misma razón, diversos sectores reaccionaron de forma violenta, especialmente en Antioquia. Uno de esos casos fue el de Julio César Uribe Rúa, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción —Sutimac—. Fue elegido como concejal de Puerto Nare, pero fue asesinado en Puerto Boyacá en diciembre de ese año.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral —MOE— le entregó un informe a la Comisión de la Verdad que muestra la estrecha relación que hubo entre la violencia contra los integrantes de la UP y los triunfos electorales que afectaron a las élites locales de los partidos Conservador y Liberal. Asimismo, señala que políticos tradicionales se aliaron con paramilitares, narcotraficantes y agentes de la fuerza pública para el exterminio de ese movimiento. Esa dinámica se hizo más evidente en regiones como Magdalena Medio, Urabá, el Nordeste antioqueño y Ariari-Guayabero.

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La MOE en ese documento detalla casos concretos como la masacre de Segovia, en la cual fueron exterminados 46 líderes y de la UP y 60 más resultaron heridos el 11 de noviembre de 1988. Por estos hechos, fue condenado César Pérez García, dirigente liberal y otrora presidente de la Cámara de Representantes, a 30 años de prisión por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Otro hecho que menciona el Informe Final ocurrió ese mismo año, pero el 3 de julio. Ese día se ejecutó la masacre de Caño Sibao en la que cinco personas fueron asesinadas en la vía que comunican a El Castillo con Granada, en Meta. Entre los muertos estaban William Ocampo Castillo y María Mercedes Méndez, ambos integrantes de la UP. El Consejo de Estado condenó a la Policía en 2019 por haberse negado a proteger al entonces alcalde electo de ese municipio.

Sumado a eso, un excoronel del Ejército le dijo a la Comisión que el ascenso político de ese movimiento representó un peligro no solo para la política tradicional, sino a toda la institucionalidad.

Según su testimonio, con su auge político, las Fuerzas Militares empezaron a ver a la UP como un brazo político de las Farc (aparte del que ellos ya tenían en algunos municipios), “y si ven a la UP [...] teniendo éxito electoral en Urabá, [...] se puede ver fácilmente es que las alertas se prendieron y la gente que no tenía una ética profesional bien cimentada fácilmente le dio apertura a los paramilitares que llegaron a Honduras, a La Negra, porque consideraron que en esa forma se estaba bloqueando la posibilidad de que el comunismo internacional tuviera su punta de playa en Urabá”, narró.

Si bien la Comisión determinó una cifra de integrantes de la UP asesinados, el subregistro no deja de ser amplio. Esto se explica en la falta de documentación sobre casos desconocidos de víctimas y en la limitación de denuncias por esta causa. Mientras que esta entidad estima que aproximadamente 6300 integrantes y seguidores murieron, la JEP estableció que entre 1984 y 2016, fueron acribilladas o asesinadas 5733 personas en ataques dirigidos contra este partido.

“Del total de víctimas asesinadas y desaparecidas, 5.195 eran miembros de la Unión Patriótica y 538 eran personas que no pertenecían a ese partido político, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra de esa colectividad”, menciona la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso 06, Victimización de miembros de la Unión Patriótica, abierto el 26 de febrero de 2019 y que está cimentado en 29 informes entregados a este tribunal que describen los crímenes y dinámicas de la guerra cometidas contra esta colectividad.

Sumado a lo anterior, la Comisión detalla que hubo dos épocas de violencia letal contra militantes y seguidores: la primera estuvo comprendida entre 1986 y 1989 con un pico agudo en ese último año, y la segunda fue desde 1994 a 1997 con un segundo repunte de crímenes en 1996. Incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos, atentados, secuestros, desplazamientos, torturas, lesiones, exilio y violencias sexuales, contra simpatizantes de la UP se cometieron por lo menos 9500 hechos victimizantes. A ellos se suman los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

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