‘Hasta la guerra tiene límites’: una verdad que conmueve

El capítulo “Hasta la guerra tiene límites” del Informe Final de la Comisión de la Verdad es más que un documento formal o una versión monolítica que pretenda servir de testimonio o narrativa lineal obligada a convertirse en “historia oficial”. Nada mas alejado de la realidad. Se trata de miles de testimonios que hacen visible la tragedia de la guerra y empiezan a servir para luchar contra una enfermedad silenciosa que ha padecido la sociedad colombiana durante décadas: la normalización de la guerra.

Se trata de ir más allá del compromiso de los Acuerdos de Paz de La Habana para entender que el propósito de los informes de las comisiones de paz, consiste en conmover para visibilizar las voces de las víctimas, acalladas en las lógicas de la guerra y para garantizar, tanto la no repetición, como un proceso estructural de reconciliación.

Dos aclaraciones importantes deben acompañar cualquier reflexión sobre el Informe Final. Primero, no se trata de establecer responsabilidades individuales, sino de los actores armados en conjunto: guerrillas, paramilitares y Estado. Colombia tiene que saber cuáles fueron las violaciones o infracciones graves que se cometieron en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y de qué son responsables cada uno de estos grupos. La superación de los ciclos de la violencia requiere de matices y de eso se ha tratado el trabajo de Comisión.

Segundo, la verdad o versión que se busca esclarecer no tiene un propósito jurídico, ni pretende servir de base para la administración de justicia. La Comisión no administró justicia pues para eso se creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que trabajó de su mano, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero cuyos roles en esencia son disociables.

Antes de dimensionar las responsabilidades de cada uno de los actores, incluyendo el Estado, ‘Hasta la guerra tiene límites’ contextualiza las infracciones y violaciones a los DDHH y al DIH, apoyado no solo en cifras que dan una idea sobre las proporciones de la tragedia que ha vivido Colombia, sino en los testimonios de las víctimas y victimarios. La voz de las primeras expresa un dolor que en algo puede aliviarse al convertirse en mensaje que llegue a millones, y de los segundos como una forma de contrición.

El informe despeja el camino hacia una reconciliación definitiva, a la vez que sirve para entender la forma en que se fue recrudeciendo el conflicto. Este título en particular, muestra que a pesar de los esfuerzos por implementar el DIH, con posterioridad a la aprobación y ratificación de las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional de 1977, la mal llamada ‘humanización del conflicto’, fue un ideal esquivo. Si bien 1989 se recuerda como un año trágico por los magnicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro Leongómez antecedidos por los asesinatos de Jaime Pardo Leal, Bernando Jaramillo Ossa y José Antequera entre otros, entre 2002 y 2004 el número de muertes superó con creces a los de finales de la década de los 80. Testimonio irrefutable de la degradación de la guerra. En el inconsciente colectivo colombiano reposa la idea de que los 80 fue la peor época de barbarie, pero sin duda, a comienzos de los 2000, la guerra se recrudeció a niveles que aún desconocemos.

Colombia se acostumbró a una descripción del conflicto basada en grandes episodios como los atentados urbanos por parte de las mafias o carteles del narcotráfico durante los 80, las tomas tan cinematográficas como trágicas de la guerrilla de las FARC (Las Delicias, Patascoy, Mitú) el traspaso de cualquier margen humanitario (Bojayá, Machuca, Chengue, Mapiripán, Caloto) y los magnicidios. Sin embargo, detrás de esa catástrofe que constituye la suma de muchas, hay miles de historias anónimas que la Comisión de la Verdad ha recogido y que no han tenido visibilidad.

‘Hasta la guerra tiene límites’ confirma una tesis aterradora y es que quienes más asesinatos cometieron fueron los grupos paramilitares que, en determinados casos, contaron con la aquiescencia del Estado; seguidos por las FARC a los que cabe también una responsabilidad mayor. Estas masacres sucedieron bajo distintas modalidades como lo reseña el informe, el asalto, la retención/ejecución, la ruta, la incursión, la interceptación, el engaño, la reunión pública y la citación, entre otras. El informe lo detalla para que Colombia como sociedad confronte los horrores de la guerra.

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Colombia, no obstante, presenta varias atipicidades respecto de otros procesos de reconstrucción de la verdad. El país ha acumulado escenarios de postconflicto parciales con desmovilizaciones desde la década de los 90, cuando grupos guerrilleros firmaron la paz, depusieron las armas y algunos participaron incluso en la redacción de la Constitución de 1991. Con Álvaro Uribe Vélez vino el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la que se creó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que no pudo alcanzar ninguno de esos fines, por la insólita extradición de los principales responsables de crímenes de lesa humanidad que terminaron siendo juzgados en cortes de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Una noche de marzo de 2008, el ejecutivo tomó la decisión de entregar a quince comandantes paramilitares y con esto se podría concluir amargamente que se extraditó la verdad y las posibilidades de una reconciliación y de reparaciones integrales se esfumaron.

El primer trauma que enfrenta Colombia y que entorpece la memoria y la búsqueda de la verdad, consiste precisamente en que, al tiempo en que se avanzan en los procesos de reconciliación, la violencia continúa. Se cierra un espacio de confrontación y otros se abren o mantienen. A diferencia de otros casos como los de América Central en los que se abrieron canales de discusión para la memoria, la búsqueda de la verdad y la reparación una vez alcanzada la paz, en Colombia ocurre en medio de la violencia. Y, en segundo lugar, en el país no ha tenido cabida una refundación política como en los casos de Chile (1989) o Perú (2001). Esa transición política no aparece en el escenario colombiano.

El trabajo de la Comisión de la Verdad se adelantó en medio de una marcada polarización y con dos coyunturas críticas que pusieron en tela de juicio su legitimidad: el plebiscito por la paz de 2016 y la victoria en las urnas del Centro Democrático en 2018. Esto allanó el camino para que la Comisión tuviera que enfrentarse a un gobierno que durante cuatro años alimentó la tesis delirante de una “posverdad” impuesta en beneficio de la guerrilla y supuestamente desmoralizante para las víctimas. Una idea tan infundada como electoralmente redituable. Como máxima expresión del saboteo sistemático de la administración anterior, el entonces mandatario se ausentó en la entrega final del informe.

“Hasta la guerra tiene límites” recuerda los horrores desde abajo, con testimonio de miles de víctimas cuyos nombres han sido escasamente mencionados. La memoria debe escarbar en los relatos dolorosos y penosos del conflicto, porque es la única manera de lograr la reconciliación, objetivo esquivo de la democracia colombiana que no se puede seguir aplazando.

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