Gonzalo Guillén podría perder su cuenta de Twitter por posible desacato tras afectar “el buen nombre” de Carlos Mattos

Carlos Mattos, empresario condenado por estar involucrado en el caso Hyundai en calidad de representante legal de la marca, elevó una tutela en contra del periodista Gonzalo Guillén por, según él, afectar “su buen nombre, imagen e intimidad” a través de su cuenta de Twitter. Por esa acción legal, el Consejo Superior de la Judicatura le ordenó cumplir con una acción interpuesta por ese mismo tribunal.

Además de eso, el Tribunal Superior de Barranquilla le dio un plazo a Guillén de seis horas para explicar “por qué no ha cumplido ordenes de abstenerse de hacer publicaciones lesivas contra Carlos Mattos” no solo a través de su perfil de Twitter sino también mediante el portal de noticias La nueva prensa, que actualmente dirige.

El auto, firmado por el magistrado Jorge Mola Capera, señala que de hacer caso omiso a ese llamado, se abrirá en contra del periodista un incidente de desacato. Sumado a eso, se le informará a Twitter el incumplimiento de las órdenes judiciales estipuladas, motivo por el cual incluso podría hasta perder su perfil y, de paso, se elevará una solicitud ante la Fiscalía para que se le investigue por el delito de fraude a resolución judicial.

Por su parte, Guillén se pronunció justamente mediante esta red social afirmando que “no puedo desacatar lo que jamás me ha sido notificado”.

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En un primer fallo, el tribunal otorgó medida cautelar contra el periodista, obligándolo a que se abstuviera de referirse a Carlos Mattos con calificativos como asesino, determinador de masacres, pederasta, criminal y abusador sexual, entre otros. Sumado a eso, el condenado empresario manifestó en la tutela que lo han tildado de “asesino, pederasta, abusador, lavador de activos y determinador de masacres”, razón por la cual acudió a ese recurso.

Son varias las investigaciones que tiene el togado del Tribunal Superior de Barranquilla que se pronunció en favor del “buen nombre” del empresario condenado. En total ha tenido 18 anotaciones penales y tres disciplinarias. Una de ellas se conoció en octubre de 2021, luego de que la Superintendencia de Salud pidiera que se abriera una pesquisa en su contra por emitir una orden que obligaba a esa entidad reversar una de sus decisiones contra la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó.

La Supersalud había encontrado en su momento irregularidades en la entidad prestadora de salud, relacionadas con denuncias y deudas, motivo por el cual había decidido intervenirla. Más allá de eso, el magistrado Mola Capera había ordenado a la entidad suspender todos los procesos en contra de Mutual Barrios Unidos en un plazo de 48 horas.

Incluso, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura lo había suspendido por tres meses por haber tomado decisiones contrarias a la ley en el caso de la Universidad Metropolitana y el Hospital Universitario de Barranquilla.

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