Estados Unidos expresó su preocupación por el incremento de los asesinatos de líderes sociales en Colombia

A través de su cuenta de Twitter, la embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su preocupación por el incremento en el asesinato de líderes sociales registrado durante el tercer trimestre del año en Colombia, reportado por el programa Somos Defensores.

Este 26 de noviembre, el programa Somos Defensores presentó un informe titulado Al Filo de la Oscuridad en el que revela que en el tercer semestre de 2022 hubo un incremento del 64 % en el asesinato de líderes sociales con respecto al mismo periodo en el año anterior, lo cual equivale a 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales.

El capítulo 1 del informe, asegura que hay 4 factores de amenaza, que se derivaron de las campañas electorales: la continuidad del conflicto armado interno y otras violencias asociadas al narcotráfico, el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, disputas entre los distintos grupos ilegales por el control territorial y sobre corredores estratégicos y, las amenazas a los y las lideresas sociales.

La gran mayoría de estos eventos eran predecibles, teniendo en cuenta que entidades del Estado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas, y aun así al menos el 90 % de los defensores tuvieron algún inconveniente.

De igual forma, se contabilizaron 182 agresiones a 178 defensores y líderes ocurridas entre julio y septiembre, incluyendo 106 amenazas, 20 atentados, dos desapariciones forzadas, cuatro judicializaciones, una detención arbitraria y tres desplazamientos forzados.

Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identificó seis conflictos armados en el país: entre agentes del Estado y las guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); Estado con grupos paramilitares, caso de las Autodefensas Gaitanistas; y Estado contra las disidencias de las FARC. Los otros tres son entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas; entre los disidentes de las FARC y la Segunda Marquetalia; y las disidencias contra otros grupos emergentes.

Los datos generales dejan ver que de enero a septiembre de este año, se han registrado 621 agresiones, las cuales se dividen en: 392 amenazas, 145 asesinatos, 47 atentados, 17 desplazamientos forzados, 10 desapariciones forzadas, 7 judicializaciones y 3 detenciones arbitrarias. Las comunidades más vulneradas son los liderazgos comunitarios, de los que se contemplan 124 eventos, 76 comunales, 51 a los ambientales y 28 a los indígenas. Cauca, Antioquia, Santander y Valle del Cauca son los departamentos más afectados.

“En Colombia los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales no paran. De poco ha servido la constante advertencia del incremento desmedido de agresiones en los últimos años y de la inminencia de la agudización de los ataques en su contra. Estas personas siguen trabajando en los diferentes territorios del país sin garantías y con el temor de que la vida les sea”, detallan desde el Programa Somos Defensores.

Para la directora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García, el actual gobierno nacional debe replantear su política para garantizar los derechos de estas personas:

“No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo no solo en el escenario político colombiano sino también en la bancada del partido de Gobierno en el Congreso (...) Lo que estamos viviendo ahora es una reconfiguración de las dinámicas del conflicto con distintas variables territoriales (...) En el Gobierno pasado se militarizaron algunas zonas del país, aumentando el pie de fuerza. Esto hace que, en algunos casos, se incrementen los riesgos y se exacerben las dinámicas de violencia”, manifestó en entrevista con la Agencia EFE.

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