Procuraduría abre indagación por presunto detrimento patrimonial en contrato de chatarrización en Medellín

La Procuraduría General de la Nación informó a través de un comunicado que inició una indagación previa a funcionarios de la Alcaldía de Medellín por un presunto detrimento patrimonial en un contrato de chatarrización de 50.000 vehículos, con un valor de 98 pesos por kilogramo, cuando el valor en el mercado oscila entre 1.000 y 1.800 pesos. La denuncia fue hecha por el concejal Daniel Duque.

“El ente territorial adjudicó y celebró un contrato para la chatarrización de estos automotores abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Según las denuncias, por cada kilogramo vendido se habrían perdido más de $900 para el erario, lo que constituiría una disminución del patrimonio público”, dice el comunicado del Ministerio Público.

Según indica el periódico El Colombiano, la Procuraduría le dio un plazo de máximo diez días a la Alcaldía para que entregue la documentación con la que se pueda establecer la responsabilidad de los funcionarios que hayan estado involucrados en el proceso contractual y precisar si se delegó la autoridad de celebrar contratos a alguien distinto al alcalde. También indagará sobre el proceso de subasta que terminó con la adjudicación.

“El ente territorial también deberá enviar a la Procuraduría información de los servidores públicos que habrían intervenido las etapas precontractual y contractual y precisar, entre otros aspectos, si se delegó la función de celebrar contratos a una autoridad distinta al alcalde”, apunta el comunicado.

El periódico El Colombiano señala que en el proceso de contratación se pidieron requisitos muy específicos, como tener una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, que solo tenía la firma que ganó el contrato, lo cual le sugeriría a las autoridades un presunto direccionamiento de la adjudicación. Por eso, la Delegada Disciplinaria de instrucción 9 de la Procuraduría pidió la certificación laboral de los servidores que suscribieron los documentos y estudios previos al proceso de selección que terminó con el mencionado contrato.

Además, la Procuraduría solicitó el nombre del funcionario que estuvo encargado de administrar la información ingresada en el Secop-II, el sistema de la Agencia Nacional de Contratación Pública, al haber sido quien aprobó el contrato de forma electrónica.

Cabe mencionar que en octubre, concejales de la Alianza Verde denunciaron en medio de un debate de control político falsificación de documentos, precios por debajo del mercado y falta de certificaciones indispensables en la adjudicación del contrato de chatarrización de la Secretaría de Movilidad.

Daniel Duque denuncia también que la Unión Temporal RYM SAS, que fue la firma que obtuvo la licitación, fue descalificada por el municipio de Bello para una tarea de chatarrización allí por no contar con la certificación ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Además, el concejal encontró que hubo una falsificación en las especificaciones técnicas y en el certificado del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) en una máquina requerida por la Secretaría de Movilidad para participar en el proceso.

Rafael Naranjo, representante legal de RYM le dijo a El Colombiano en una entrevista que demandaría penalmente al concejal Duque por las acusaciones que formuló en su contra y aseguró que la polémica surgió por una motivación política y no técnica. De igual forma, rechazó que algunos medios de comunicación lo hayan llamado “el zar de la chatarra”, lo cual considera algo peyorativo.

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