Comunidades étnicas del Valle del Cauca volverían a bloquear vía Panamericana: alegan incumplimiento del Gobierno

El tramo Buga-Cerrito, a la altura de Guacarí, fue bloqueada el lunes y se adelantó una mesa de diálogo, pero la comunidad dice sentirse irrespetada

Guardar
Reunión con manifestantes de Guacarí, en el Valle del Cauca
Reunión con manifestantes de Guacarí, en el Valle del Cauca

Por medio de un comunicado enviado el viernes 25 de noviembre y al sentir que sus peticiones no están siendo tomadas en serio, un conjunto de comunidades étnicas del Valle del Cauca ha amenazado con volver a bloquear la vía Panamericana, en el tramo Buga-Cerrito a la altura del municipio de Guacarí.

Con un pliego de 16 peticiones, las Autoridades Étnicas de los Valles Interandinos —como se hace llamar el conjunto de manifestantes— adelantaron el lunes 21 una manifestación pacífica en ese punto. Exigieron la presencia del Gobierno nacional para iniciar una mesa de diálogo “en un legítimo derecho de reivindicar nuestros derechos étnicos y nuestra identidad étnica cultural, y de esta manera buscar soluciones de fondo a las problemáticas locales, departamental y nacional y que hoy deben de ser recogidas y solucionadas de formas perentorias”.

Dicha mesa se adelantó y, como los propios manifestantes admiten, se llegó a una serie de acuerdos. Hay registros de la reunión: el periodista y representante a la Cámara por el Valle del Cauca, José Alberto Tejada, publicó algunos registros de su visita a través de su cuenta de Twitter.

“A esta hora nos encontramos reunidos con las comunidades negras de FRENACOL, dialogando sobre la situación de bloqueo de vías en Guacarí y las acciones a realizar para lograr el cumplimiento del pliego de peticiones previamente establecido. ¡Oportuna respuesta a nuestra gente!”, escribió el congresista.

No obstante, ellos aseguraron este viernes que algunas entidades del Estado han mostrado “desinterés hacia nuestra comunidad negra afrodescendiente” porque no se presentaron a estos diálogos: los ministerios de Educación y Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

El conjunto de manifestantes dice que quiere buscar “una salida diplomática y de diálogo a las problemáticas que aquejan a nuestra comunidad” y sugiere que no es su intención tomar vías de hecho “en nuestro legítimo derecho de ser escuchados por el Gobierno”. Por ello, solicitaron que los funcionarios que sean enviados a dialogar sean “directivos de alto nivel, o funcionarios con poder de toma de decisiones” para que las conversaciones lleguen a buen término.

Las peticiones de los manifestantes

De acuerdo con el primer comunicado, este conjunto de negritudes tiene 16 peticiones. Una de ellas es que se inicie un proceso de consulta previa para un proyecto que la Empresa de Energía de Bogotá tiene interés de adelantar en la zona. Además, los manifestantes piden “resolver de fondo las garantías de seguridad de líderes de las comunidades negras”, así como acelerar el cumplimiento del Decreto 4635 de 2011, “por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

Asimismo, piden el inicio inmediato del banco de proyectos y la apertura de regalías para las comunidades negras, así como la compra de tierras para reconocimiento de territorio colectivo para los consejos comunitarios, por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Piden también que se amplíe el Fondo Especial del Icetex destinado a las comunidades negras y que se los incluya con enfoque étnico en los programas del ICBF.

Entre las exigencias también está ser incluidos en el banco de proyectos del DPS, entregar el estatuto de etnoeducadores, adelantar un registro oportuno de organizaciones y consejos comunitarios, que la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) revise los desplazamientos de las comunidades ribereñas y que se reconozca el proyecto de viviendas para las víctimas.

Finalmente, piden que se investigue la desaparición de los recursos para las comunidades negras en las administraciones locales, que haya condiciones dignas laborales para el gremio de mecateros y que se abra una comisión especial de Procuraduría y Contraloría ante “las irregularidades y atropellos cometidos por los secretarios de despacho de los gobiernos locales y departamental”.

SEGUIR LEYENDO:

Guardar