Al Filo de la Oscuridad es un informe del Programa Somos Defensores el cual ha recopilado todos los trágicos eventos en los que un defensor de derechos humanos ha resultado agredido, o en su defecto, resulta asesinado. Aunque en el documento destacan con el nuevo gobierno nacional, las políticas de paz, junto con la búsqueda de una salida del conflicto armado ya han empezado a notarse, sigue siendo alarmante la estadística compilada, que solo este año, ha cobrado la vida de 145 personas. A esto se suman agresiones, amenazas, desplazamientos forzados, atentados, entre muchos otros eventos, no solo por parte de grupos o bandas criminales, también por agentes del Estado.
El capítulo 1 del informe, asegura que hay 4 factores de amenaza, que se derivaron de las campañas electorales: la continuidad del conflicto armado interno y otras violencias asociadas al narcotráfico, el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, disputas entre los distintos grupos ilegales por el control territorial y sobre corredores estratégicos y, las amenazas a los y las lideresas sociales. La gran mayoría de estos eventos eran predecibles, teniendo en cuenta que entidades del Estado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas, y aun así al menos el 90 % de los defensores tuvieron algún inconveniente.
“Durante el primer semestre del 2022 las consecuencias humanitarias producidas por estos 6 conflictos armados latentes se intensificaron. Algunos datos que ilustran esta situación son: 29.729 personas víctimas de desplazamientos masivos, de los cuales el 43% afectaron a personas en Nariño; 19.210 personas afectadas por situaciones de confinamiento, de los cuales el 57% se produjeron en el Chocó; 377 afectaciones por artefactos explosivos, de las cuales 199 corresponden a población civil, siendo el Cauca la región con mayor impacto y 61 casos de desaparición forzada, de los cuales 15 eran menores de edad”.
Los conflictos que hace referencia el citado anterior son enfrentamientos entre agentes del Estado, por decir de alguna forma, y las guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también con grupos paramilitares, caso de las Autodefensas Gaitanistas, entre otros que este año confinaron poblaciones, en lo que se denominó como paro armado.
Los datos generales dejan ver que entre enero y septiembre de este año, se han registrado 621 agresiones, las cuales se dividen en: 392 amenazas, 145 asesinatos, 47 atentados, 17 desplazamientos forzados, 10 desapariciones forzadas, 7 judicializaciones y 3 detenciones arbitrarias. Las comunidades más vulneradas son los liderazgos comunitarios, de los que se contemplan 124 eventos, 76 comunales, 51 a los ambientales y 28 a los indígenas. Cauca, Antioquia, Santander y Valle del Cauca son los departamentos más afectados.
“En Colombia los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales no paran. De poco ha servido la constante advertencia del incremento desmedido de agresiones en los últimos años y de la inminencia de la agudización de los ataques en su contra. Estas personas siguen trabajando en los diferentes territorios del país sin garantías y con el temor de que la vida les sea”, detallan desde el Programa Somos Defensores.
Las cifras siguen preocupando a los defensores y líderes sociales
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia es la herramienta que le permite al programa realizar sus compilados, que de hecho, tras los dos primeros meses de asumir la presidencia Gustavo Petro, ha registrado 25 de los 46 homicidios compilados durante el tercer semestre del año.
Para la directora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García, el actual gobierno nacional debe replantear su política para garantizar los derechos de estas personas:
“No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo no solo en el escenario político colombiano sino también en la bancada del partido de Gobierno en el Congreso (...) Lo que estamos viviendo ahora es una reconfiguración de las dinámicas del conflicto con distintas variables territoriales (...) En el Gobierno pasado se militarizaron algunas zonas del país, aumentando el pie de fuerza. Esto hace que, en algunos casos, se incrementen los riesgos y se exacerben las dinámicas de violencia”, manifestó en entrevista con la Agencia EFE.
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