La Secretaría Distrital de Salud dio a conocer que en referencia a las denuncias presentadas en su contra, referente a la relación con la clínica de salud mental REMY IPS SAS, no se ha generado ningún tipo de contrato o convenio con esta para efectuar y prestar servicios de atención en salud mental.
Igualmente, la secretaría resaltó que durante pandemia, entre julio de 2020 y junio de 2021, el Fondo Financiero Distrital de Salud realizó la suscripción de un contrato con la mencionada IPS, con el fin de brindar servicios de salud mental y apoyo psicológico para atención pre hospitalaria en esta categoría.
“El Fondo Financiero Distrital de Salud nunca ha contratado con esta IPS servicios intramurales en sus sedes, añadió la entidad.
En desarrollo de sus funciones de vigilancia, inspección y control de la Secretaria de Salud, atendiendo las quejas presentadas por la ciudadanía sobre presuntas fallas en la prestación de los servicios relacionados con la atención hospitalaria en las sedes de esta IPS, la entidad ha efectuado 25 visitas de inspección (entre 2020 y 2022), y se impusieron medidas de seguridad en seis ocasiones.
Cabe resaltar que según la entidad, el pasado 30 de septiembre de 2022 se impuso una medida de seguridad a REMY IPS SAS, con la suspensión total del servicio de hospitalización y servicio farmacéutico. La secretaría señaló que tanto esta como las demás medidas impuestas se levantarán cuando el prestador subsane sus causas.
Esta medida de seguridad contempla aspectos como la solicitud para que el prestador realice la gestión para reubicar a los pacientes, en articulación con cada EPS de las personas atendidas, mientras se gestionan las respectivas correcciones para superar la medida.
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Según lo informado, entre 2021 y septiembre de 2022 la Secretaría de Salud ha recibido 215 manifestaciones ciudadanas sobre presuntas fallas en la calidad de la atención, en correlación con diferentes prestadores de servicios de salud mental en Bogotá. Como consecuencia, la entidad dio apertura a 159 actuaciones administrativas contra los prestadores denunciados.
Además, la entidad ha recalcado que se han venido desarrollando acciones de asistencias técnica y orientación a los prestadores de servicios de salud mental en Bogotá, a través de visitas, asesorías, capacitaciones, entre otras, donde se la logra capacitar a más de 2.000 colaboradores de los equipos de salud, de estos prestadores en los últimos dos años.
“Estas acciones tienen como propósito el mejoramiento continuo en la calidad de la atención, definida como una prioridad en el marco del modelo territorial Salud a Mi Barrio y Salud a Mi Vereda”, concluyó la Secretaría de Salud.
Por su parte, la concejala María Victoria Vargas Silva fue una de las exponentes directas de las denuncias realizadas tras evidenciar la mala situación por la que atraviesan los pacientes con problemas de salud mental en la ejecución del contrato de la EPS del Distrito Capital Salud con la IPS REMY S.A.S.
“Pacientes bajo la lluvia, amarrados con sábanas, caminando descalzos sobre el agua, dormitorios inundados, ropa revuelta y sin ningún manejo higiénico, entre otras condiciones deplorables, vulnerando el derecho a la dignidad humana de los pacientes”, resaltó Vargas.
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Al mismo tiempo, la concejala denunció que la gravedad del Contrato Vigente No. 030 de 2021, que sostiene la IPS REMY con la EPS pública Capital Salud. “Inicia por contratación directa, como es el caso de este contrato, por cuantía de $3.726 millones y después, presenta 11 adiciones y 10 prórrogas, para un valor total de $13.129 millones.”.
Vargas informó que según denuncias realizadas por el personal que ejerce labores en esta IPS, al parecer, no les habrían cancelado el salario hace más de seis meses, yendo en contra vía de la CLASUSULA No. 15 del Contrato: “pagar oportunamente los honorarios, salarios y prestaciones del personal, relacionados con la ejecución del presente contrato”.
La cabildante del partido liberal no se explica el porqué el secretario de Salud, Alejandro Gómez López, que tiene claras funciones de Inspección, Vigilancia y Control, a raíz de estas denuncias clausuró este establecimiento de salud a partir del 3 de noviembre de 2022
“Pero más grave aún, los pacientes siguen ahí”, puntualizó la concejala Vargas.
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