Rodolfo Hernández no será investigado por la Corte Suprema de Justicia: se declaró impedida

Este jueves 24 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia informó que está impedida para continuar la investigación contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien está investigado por los contratos con la empresa Vitalogic para la recolección de residuos. El Juzgado Décimo Penal con funciones de conocimiento del Circuito de Bucaramanga recibirá el caso.

El caso de Vitalogic se abrió por hechos ocurridos en 2016, con los parámetros del Código de Procedimiento Penal —es decir, la justicia ordinaria—. Sin embargo, cuando Hernández decidió aceptar la curul que le otorgaba el Estatuto de Oposición, al quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales de junio pasado, se convirtió en aforado y su expediente fue trasladado. “Mientras se ejerza la labor congresional cualquier delito, incluso el cometido antes de tal ejercicio, será de conocimiento” de la Corte Suprema, como esta explicó en su comunicado.

No obstante, Hernández presentó su renuncia al Senado el pasado 11 de octubre. Entre los motivos que dio para dar un paso al costado está un interés para presentarse a las elecciones regionales de 2023, ya sea para hacerse gobernador de Santander o alcalde de uno de sus municipios. En aquel entonces, el exalcalde de Bucaramanga —que precisamente está siendo investigado por un contrato firmado en su administración— aseguró que ocupar un puesto en el Legislativo era como tener a Lionel Messi de portero.

Su renuncia se hizo efectiva el 25 de octubre. Un mes después, el tribunal informó que “no existe motivo que justifique extender la competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar con el conocimiento de este trámite por no reunirse los presupuestos del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política”.

En un intento por manejar la crisis sanitaria por el manejo del relleno sanitario El Carrasco, a Hernández se le ocurrió buscar a una empresa que recogiera los residuos para convertirlos en energía. En 2016 fue redactado un contrato entre el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala y el gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias. El contrato con Vitalogic alcanzaba los $344 millones de pesos.

El escándalo surgió porque uno de los hijos del ingeniero, Luis Carlos Hernández, trabajaba en aquel entonces con Vitalogic y se presentó a una licitación relacionada al aprovechamiento de residuos, con la intención de cobrar una comisión.

Ante este tema, la Procuraduría destacó: “se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”.

A esto se suman una serie de pruebas recopiladas por el Ministerio Público: “conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016″.

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