Envían a la cárcel a cinco policías involucrados en el asesinato de Juan Pablo González, el presunto abusador de TransMilenio

Este miércoles 23 de noviembre, un juez de control de garantías envió a prisión a cinco policías involucrados en el asesinato de Juan Pablo González, el presunto abusador sexual de TransMilenio. El sujeto tenía una medida de aseguramiento por el caso de Hilary Castro; sin embargo, lo encontraron sin vida en la URI de Puente Aranda el pasado 6 de noviembre.

W Radio señaló que los uniformados involucrados fueron identificados como: Bayron Arley González Martínez, Bryan Hurmberto Montealegre Angarita, Vladimir Sánchez Tarazona, Bryan Andrés Marín Tovar y Jimer Eduardo Blanco López. De acuerdo con el juez, los videos de las cámaras de seguridad de la URI advierten que hubo una presunta omisión y complicidad por parte de los patrulleros y por eso decidió emitir una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

“Los indiciados abandonaron la posición de garantes para permitir, con conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que se produjera un resultado lesivo contra la autonomía personal y la vida de Juan Pablo”, explicó el fiscal del caso durante la audiencia, según revista Semana. Por esa razón, el ente acusador imputó a los patrulleros en la calidad de coautores, pues no evitaron que las personas privadas de la libertad de la URI le quitaran la vida a González.

La revista Semana también conoció los detalles de la necropsia realizada por Medicina Legal al cuerpo de Juan Pablo González. En el documento quedó evidenciado que fue golpeado hasta matarlo; encontraron “50 hallazgos de lesiones, hematomas, equimosis y fracturas”.

El fiscal del caso destacó que durante 20 minutos lo golpearon, le cortaron el pelo, lo torturaron hasta el punto de obligarlo a tomarse sus propios orines. “Es un reflejo de la brutalidad por ser un presunto violador”, puntualizó el funcionario y comentó que esas acciones ocurrieron entre las 2:32 y las 2:59 de la tarde del 6 de noviembre.

En un principio se pensó que González pudo haberse suicidado después de que se le impusiera medida de aseguramiento; sin embargo, el dictamen de Medicina Legal arrojó que la razón detrás de su muerte correspondía a un homicidio.

El pasado 13 de noviembre, la revista Semana reveló que el asesinato del hombre de 41 años estuvo planeado por una banda criminal que existe al interior de la URI de Puente Aranda, conocida como Los Plumas. “Apenas entró lo pasaron a la celda cuatro, cuando todos los detenidos deben pasar mínimo cuatro días en la celda ocho, que es la transitoria”, dijo un testigo, cuya identidad fue protegida por el medio de comunicación.

La fuente de Semana comentó que habrían sido seis integrantes de la banda las que estuvieron detrás del homicidio y contaron con el apoyo de miembros de la fuerza pública. “Juan Pablo fue asesinado por seis personas que son el grupo violento”, puntualizó el testigo y recordó que al hombre lo “tiraron al piso” y lo “cogieron a patadas”. Al parecer esa es una “bienvenida” que le dan a los presuntos abusadores y violadores.

Esa versión fue respaldada por el fiscal del caso, quien aseguró que “los agresores (...) le gritaban que eso le pasaba por haber violado una niña y le decían que no era tan macho como lo fue con la víctima y, por tanto, merecía morir”. En ese sentido, el funcionario indicó que sí hubo una “intención deliberada y desconsiderada de sometimiento físico en señal de juzgamiento y condena”.

Hilary Castro realizó una denuncia a través de su cuenta de Instagram sobre la violencia sexual que vivió el 31 de octubre. Si bien la Secretaría de la Mujer atendió a la menor de edad, eso solo sucedió después de que ella denunciara su caso y se hiciera viral en redes sociales.

“Iba en una ruta B12 y me bajé en estación de La Castellana. Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar para todos los lados; procede a sacar algo de la maleta”, relató la joven. Ella empezó a caminar más rápido, pero no encontró ninguna autoridad que pudiera ayudarla. Hilary Castro le entregó todo lo que tenía después de que la amenazara con un cuchillo y después la obligó a hacerle actos sexuales.

La situación no pasó desapercibida por dos jóvenes que pasaban por la zona y que terminaron brindándole su apoyo. La víctima intentó denunciar lo sucedido, pero no recibió la atención en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la 38 y tampoco en la sede de Ricaurte. También llamó a la línea de TransMilenio, pero no estaba habilitada.

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