Desde la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, se indicó que el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Orlando Rivas Tovar, y 23 comparecientes, aceptaron su responsabilidad por falsos positivos en 296 asesinatos, ocurridos en Casanare, y algunos municipios de Boyacá, Meta, Tame y Arauca, entre 2005 y 2008.
Al respecto el magistrado Óscar Parra, indicó en la emisora radial La W sobre las alianzas entre las autodefensas y Fuerzas del Estado: “El caso 08 sobre temas que incluyen la responsabilidad de militares por hechos de paramilitares es un caso que apenas está empezando y nos tomará cierto tiempo pero esperamos avanzar con fuerza en los primeros interrogatorios en el próximo semestre”.
Dentro de los nombres que están señalados para la indagatoria sobresalen algunos indicados en la lista entregada por el máximo líder del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
“Nosotros tenemos varios informes, no solamente Otoniel sino también hemos recibido otras declaraciones de personas con estos temas en relación con las alianzas de militares y paramilitares, recibimos también centenares de informes de las víctimas sobre estos temas, entonces las declaraciones van más allá de lo que dice Otoniel he involucran los más de quinientos informes en Fuerza Pública que recibió la Sala de Reconocimiento respecto a esos temas”, indicó el magistrado Parra.
De igual manera señaló ante el medio de comunicación radial que las labores de indagatorias se extenderán desde militares hasta paramilitares señalados para establecer hasta dónde llegó el vínculo de las autodefensas con las Fuerzas Públicas.
“Estamos planeando una estrategia para avanzar con la contrastación de lo que señaló Dairo Antonio Úsuga, en ese marco vamos a llamar a personas señaladas por él, tenemos que también explorar las declaraciones de personas que eran de grupos paramilitares también señaladas por Otoniel para tomarles la declaración testimonial”, concluyó el magistrado Óscar Parra.
Al respecto del exdirector del DAS y los militares: uno de los oficiales quien sostuvo su responsabilidad fue el mayor general (r) Henry William Torres Escalante argumentó que: “en las presiones permanentes que hizo a sus subordinados, las mismas que le eran aplicadas por parte de sus superiores”.
De igual manera, entre los altos oficiales que aceptaron cargos ante esa jurisdicción se encuetran el coronel Wilson Camargo Tamayo, excomandante del Gaula Militar del Casanare; como también el coronel Marcolino Puerto Jiménez, y otros 18 oficiales de diferentes rangos.
Por su lado, los comparecientes indicaron estar dispuestos a “brindar cualquier explicación, ampliación de versión de verdad ante cualquier componente del sistema y ante las víctimas”.
Con esto, la siguiente etapa procesal se pondrá en marcha el proceso restaurativo, en la que la Sala inicia la preparación de la audiencia de reconociemiento de verdad y responsabilidad de los máximos responsables imputados. “Los 23 comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país por los crímenes documentados del Subcaso Casanare, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe. Se trata de un acto público de reconocimiento cuyas condiciones y alcance serán definidos con participación de las víctimas”.
Vale recordar que, en el mes de octubre la JEP, en su sala de reconocimiento de verdad, luego de escuchar y evaluar los testimonios de varios miembros de la fuerza pública, emitió la primera resolución que activa la competencia de la Sección Primera, en instancias de casos de reconocimiento de verdad, en el Tribunal Especial para la Paz, donde se presentarán un brigadier general, 5 coroneles, 4 oficiales y suboficiales, además de un civil, a los que se les impondrán sanciones propias competentes, por casos de falsos positivos, los cuales se desarrollaron para esta situación en el Catatumbo.
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