Trata de personas: un estudio de modelos webcam se convirtió en un infierno para jóvenes de la comunidad LGBT+ en Barranquilla

Luego de 16 meses de acciones, las autoridades colombianas, con el apoyo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos, logró detener las acciones ilegales de una agrupación ilegal que, bajo engaños, reclutaba a ciudadanos colombianos y venezolanos, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, para encerrarlos en una lujosa casa ubicada en Barranquilla. Aquella red de trata de personas, había estado actuando en la capital del departamento del Atlántico.

Fue con un dron perteneciente al equipo de inteligencia militar del batallón de frontera del Ejército que sobrevoló el lugar en el que se encontraban los señalados delincuentes. Así mismo, paralelo a ello, integrantes de la Policía Judicial de Migración, el CTI de la Fiscalía y del Gaula Militar encerraban a los presuntos criminales. En poder de las autoridades había decenas de horas de grabaciones de interceptaciones de llamadas telefónicas entre los involucrados en esta red.

Fueron los portales informativos de RCN Radio y el diario El Tiempo quienes entregaron detalles al respecto. Según destacaron ambos medios de comunicación, las víctimas eran contactadas por los integrantes de la banda bajo el uso de promesas falsas, generalmente, ambiciosas propuestas de trabajo que pretendían mejorar sus condiciones financieras.

Luego de ello, terminaban generando contenido para un estudio webcam conocido como CarolStudio, dirigido por dos ciudadanos venezolanos identificados como alias Antony y su esposa, alias Jhoanna, identificados, por sus nombres de pila: Antonio Javier Salas Del Vecchio y Johanna Villasmil Altuve, respectivamente. A las víctimas se les suministraban sustancias que mejorarían su rendimiento sexual. Eran obligados, por lo mismo, a trabajar muchas más horas de las pactadas. La droga que suministraban, dicen ambos medios de comunicación, no cuenta con registro sanitario del Invima.

“Eran obligados a trabajar más horas de las que les indicaban, al igual eran sancionados con pagos de multas, por el incumplimiento a diferentes faltas establecidas por alias Antony y Johana, permanentemente eran vigilados y controlados por un circuito cerrado de video que se encontraba en la casa estudio y eran sometidos a vivir en condiciones inhumanas, de igual forma no podían salir sin el permiso del propietario del estudio y tenían un horario de ingreso”, se lee en el documento de la investigación al que tuvieron acceso ambos portales informativos.

Dentro de las víctimas se encontraron 17 hombres que tenían entre 19 y 25 años. Del total, cinco de ellos eran venezolanos. En la casa, ubicada en el barrio Boston, se encontraron 45 cédulas colombianas, libros de contabilidad y multas. “En el garaje interno se encontraron 12 camarotes en los que dormían las víctimas totalmente hacinadas. El estudio era cambiado de ubicación permanentemente y arrendaban viviendas en los barrios residenciales Las Delicias, Ciudad Jardín y Boston”, añade el expediente.

Según se expuso, a los jóvenes se les quitaba sus documentos de identidad, fueran cédulas o pasaportes, bajo la excusa de la creación de cuentas en plataformas como Chaturbate y Strip Chat. Así mismo, los dueños del negocio solían moverse entre barrios para evitar ser rastreados por la policía, por lo que llegaron a rentar viviendas, además del barrio Boston, en zonas como Las Delicias o Ciudad Jardín.

“Esta vivienda estaba acondicionada con pequeños estudios los cuales tenían un computador, cámaras y luces, al momento del ingreso de las autoridades, se encontraban transmitiendo contenido sexual en vivo por medio de las plataformas de internet (...) el constante flujo de jóvenes al parecer entre ellos menores de edad ingresando a las viviendas en diferentes horas del día y no les parecía normal que en una casa vivieran más de 30 hombres de nacionalidad extranjera y permanentemente se observara llegar domiciliario”, se lee en el texto que evidencia la investigación

Por este caso, Johanna Villasmil Altuve y Antonio Javier Salas Del Vecchio fueron imputados el delito de Trata de Personas en modalidad de explotación laboral y sexual.

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