Senador del Polo Democrático anunció que se opondrá a la reforma del código electoral del registrador Alexander Vega

Aunque la reforma del código electoral cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno nacional y fue radicado en compañía de la bancada del Pacto Histórico, no hay unidad entre los congresistas para apoyarlo. El representante a la Cámara, Alirio Uribe, quien fue designado como ponente, planteó varias críticas a la ponencia e incluso señaló que va en contra de la Constitución y el programa de gobierno.

Uribe llegó en reemplazo de otro miembro de la bancada del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vaca, quien renunció a ser ponente. Pese a que entre los autores está el ministro del Interior y este proyecto hace parte del bloque para la reforma política, el representante señaló que se aparta de suscribir la ponencia de primer debate.

“El registrador que no le ha dado una explicación al país de qué pasó en las elecciones de marzo en las cuales se desaparecieron más de 500.000 votos del Pacto Histórico no puede ser quien lidere una reforma al Código Electoral que además viola el programa de campaña”, sostuvo el representante de Bogotá, quien fue fórmula de Iván Cepeda.

El representante señaló que es necesario actualizar el Código Electoral debido a que el actual se expidió en 1986, antes de la Constitución y se han expedido normas que lo han modificado indirectamente. Alexander Vega ya había intentado reformarlo y fue aprobado su proyecto por el Congreso del anterior cuatrienio, pero se cayó debido a que la Corte Constitucional señaló que no debió tramitarse en sesiones extraordinarias.

Para Uribe, este proyecto es muy similar al anterior, que contó con el apoyo del presidente Iván Duque, por lo que mantiene, en su concepto, vicios de constitucionalidad. Considera que riñe con la reforma política que está en discusión y de aprobarse, ambas reformas entrarían en vigencia en fechas diferentes y representan un cambio en las reglas para las elecciones regionales de 2023.

“Las organizaciones veedoras del sistema electoral han señalado que la entrada en vigencia inmediata a partir de la promulgación de la norma estatutaria implicaría una enorme incertidumbre en las reglas que serían aplicables a las distintas etapas del proceso electoral, y eventualmente, un cambio de reglas de juegos para quienes pretenden participar en los siguientes comicios electorales que ya están en curso. La anterior es contrario a las buenas prácticas a nivel internacional que señalan que todo proceso electoral debe desarrollarse con reglas ciertas y previamente conocidas por todos los actores en la contienda. Por lo tanto, este Código no debe ser aplicable para el proceso electoral de 2023″, señaló Uribe Muñoz.

Para el representante, el registro civil no es únicamente útil para procesos electorales, por lo que reformarlo en este proyecto podría generar choques con otros procesos de identificación ciudadana. “No existe un sustento jurídico lo suficientemente sólido que permita fundamentar que disposiciones que desarrollan derechos fundamentales distintos, a saber, personalidad jurídica, el nombre y el estado civil por un lado y derecho a elegir y ser elegido por el otro, deban estar desarrollados en una ley estatutaria”, dijo.

También tiene reparos respecto a la cédula digital, porque considera que podría lesionar derechos fundamentales de poblaciones vulnerables en la recolección de datos biométricos. Sostiene que el proyecto tampoco tiene en cuenta la brecha digital para hacer exigible este documento. Además, que no hay un marco regulatorio para el uso de esos datos sensibles de identidad por parte de la Registraduría.

Uribe no está de acuerdo con las facultades que le entrega el Código Electoral al registrador para nombrar funcionarios de menor jerarquía por libre nombramiento. Señala que los puestos deben ser de carrera administrativa, para mantener las capacidades técnicas y la confianza en la institución electoral.

Vuelve el debate del software y las auditorías electorales. “En este sentido, la regulación que se propone genera dos preocupaciones: La primera relacionada a las pocas funciones que se le asignan al Consejo Nacional Electoral relacionadas con la supervisión, control y vigilancia de los softwares, y la segunda relacionada con la ausencia de garantías de acceso a la información para el desarrollo de auditorias independientes y una veeduría ciudadana efectiva en torno a los distintos desarrollos tecnológicos”, sostuvo el representante.

Ese sistema debería estar a cargo del CNE y no de la Registraduría, así como establecer en el texto las garantías de acceso a la información, que no se contemplan. Además, le resta funciones, desconoce su conformación multipartidista y no lo incluye en el Fondo Rotatorio que quedaría a cargo del registrador.

Aunque hay varios aspectos, en cuanto a reglamentación precisa de algunos apartados, que podrían modificarse en el debate. Otras de las críticas de Uribe Muñoz son de fondo del proyecto, como que no debe ser una ley estatutaria sino ordinaria.

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