Región Caribe: la puesta en marcha de la seguridad democrática en 2002 y la persecución en los Montes de María

“(...) Somos compañeros, somos hermanos, que así es que se vive la vida, no con un fusil, como nos consideró Álvaro Uribe, que nosotros éramos guerrilleros por ser campesinos” le dijo un campesino de los Montes de María a la Comisión de la Verdad sobre la política de seguridad democrática, implementada desde que Álvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia, en 2002.

Por aquellas elecciones había un ambiente general de escepticismo sobre los diálogos del Caguán (sobre todo porque las Farc seguían delinquiendo en medio del proceso), y a pesar de que todos los candidatos respaldaban su continuidad en caso de ser elegidos, lo cierto fue que Uribe Vélez, una vez llegó a la Casa de Nariño, puso fuertes condiciones a esos diálogos y, en general, a todo el tratamiento con las guerrillas a partir de su política de seguridad.

El mismo año en que se posesionó (agosto de 2002) decretó el estado de conmoción interior dada la violencia que se vivía en las zonas rurales y el crecimiento desbordado de las ‘pescas milagrosas’ hechas en su mayoría por las Farc; además, fue impuesta esa medida para conformar zonas de rehabilitación y consolidación territorial en Arauca y los Montes de María. En esa región, campesinos e indígenas empezaron a sentir los efectos negativos de la seguridad democrática que, si bien generó una reducción en las pescas a causa del aumento del pie de fuerza en carreteras y puntos estratégicos, aumentó la estigmatización contra comunidades montemarianas.

De acuerdo con la Comisión, desde 2002 las cifras de secuestro empezaron a bajar, así como los ataques y tomas guerrilleras en carreteras. Para 2003 hubo un notable descenso en el índice de masacres y desplazamientos forzados en el Caribe colombiano. Ese mismo año, fue instalada la mesa de concertación en Santa fe de Ralito, Córdoba, para llegar a un acuerdo de paz entre el gobierno y las AUC. Dos años antes, se había creado en ese municipio el Pacto de Ralito, que reunió a líderes y caciques políticos, así como a ganaderos y empresarios, con el fin de asegurar que ese grupo paramilitar, en caso de una desmovilización, debían tener presencia y participación en el Congreso.

Con la puesta en marcha de las conversaciones de 2003 los casos de desplazamiento forzado y masacres continuaron bajando. Sin embargo, los asesinatos selectivos no redujeron; al contrario, incrementaron en Montes de María, así como la persecución contra indígenas kankuamos y campesinos. Según datos recogidos por la Comisión, solo ese año se registraron 3679 homicidios selectivos, la cifra más alta del periodo 1994-2010. Además, en ese lapso fueron cometidos 28.957 crímenes selectivos en todo el Caribe.

Le puede interesar: La guerra esmeraldera y los vínculos de Víctor Carranza con paramilitares para defender sus minas

Sobre estos casos, el Centro Nacional de Memoria Histórica data de que el 61,84 % de los asesinatos selectivos fueron perpetrados por agentes paraestatales y el 5.75% a las guerrillas. Esto tiene que ver, en gran medida, con que en los años 90 fue legalizada la figura de las Convivir. “En ese vacío de poder que contrajo el reconocimiento legal de cuerpos de seguridad privada, se posibilitó el crecimiento de las autodefensas, que poseían altísima capacidad militar”, señala una investigación interinstitucional realizado por la Universidad Santo Tomás y las Fuerzas Armadas.

“Solo habría que afirmar, en aras de la verdad, que el paramilitarismo se cernió en los Montes de María —en realidad en todo el país— como una letal máquina de guerra que masacró, asesinó, desapareció forzosamente, secuestró, torturó, reclutó menores, despojó y desplazó a la fuerza a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; extorsionó, agredió sexualmente, esclavizó y denigró de múltiples formas a la población civil montemariana”, expresa la Comisión de la Verdad.

Ya había un antecedente sobre las detenciones arbitrarias en el país: el estatuto de seguridad impuesto en el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) se volvió famoso por las afectaciones a la libertad individual y la falta de garantías al debido proceso. En el primer gobierno Uribe hubo una fuerte persecución y estigmatización, especialmente contra la población montemariana en el Caribe colombiano.

El informe ‘Que nos llamen inocentes’ elaborado por la Corporación Excelencia a la Justicia —Dejusticia— detalla que el periodo en el que más se presentaron estos casos fue entre 2002 y 2004. Para la Comisión, el aumento desproporcionado de este tipo de persecuciones se dio por la coyuntura del estado de conmoción interior, y pese a que en 2004 disminuyó, el fenómeno se volvió más selectivo, persiguiendo a académicos, sindicalistas y líderes sociales.

El pueblo kankuamo fue uno de los que más sufrió esa revictimización por parte del Estado, pues antes de eso habían sido perseguidos por las guerrillas. Esta comunidad le entregó un informe a la Comisión en el cual detalla las violencias que padecieron muchos de sus integrantes. Particularmente, la entidad creada tras el Acuerdo Final de Paz resalta que el Estado detuvo de forma arbitraria a más de 50 indígenas, incluyendo autoridades como Wilmer Ariza y Hermes Arias.

Además, en 2005, 16 kankuamos fueron capturados y presentados ante la prensa nacional como responsables de una emboscada en la que murieron 15 policías en un campo minado que era del frente 59 de las Farc. Sobre esto, el informe de Dejusticia hace un llamado de atención a la prensa y su responsabilidad en la revictimización de comunidades detenidas arbitrariamente. El DAS también contribuyó con esas detenciones arbitrarias, funcionando “como organismo al servicio de la estigmatización, la persecución y la eliminación de quienes interpelaban al orden elitista o querían que el Estado funcionara bien”.

SEGUIR LEYENDO EL ESPECIAL DEL INFORME FINAL: