Este martes 22 de noviembre, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá respondió de forma drástica a una denuncia divulgada un día antes por el Concejo de Bogotá, según la cual se había aumentado desmedidamente el número de requisitos de funcionamiento para las droguerías y tiendas naturistas de barrio. Las exigencias polémicas incluían, por ejemplo, que sus domiciliarios contaran con título de auxiliares en servicios farmacéuticos.
Durante su intervención del lunes 21, el concejal Carlos Carrillo aseguró que el contratista William Suárez actualizó los contenidos de las actas de evaluación y supervisión de salud. Luego de su intervención, los criterios para las droguerías de barrio pasaron de ser 79 a 160 “sin ningún sustento legal y con el agravante de que un solo error implica el concepto desfavorable automático de los estándares”. Los criterios para las tiendas naturistas aumentaron de 36 a 96.
Además de pedir titulaciones para sus domiciliarios, las droguerías debían implementar un sistema de gestión integral, instalar un tanque de agua y pedir los datos personales a los compradores (nombre, teléfono, dirección, correo electrónico). Para Carrillo, estos requisitos equipararían a las droguerías con institutos prestadores de salud (IPS) y alzó la voz de protesta del gremio de droguistas.
Para la Asociación Colombiana de Droguistas (Asocoldro), los requisitos establecidos en esas actas son arbitrarios y no fueron convenidos en un proceso de participación y pasaron por encima de la Resolución 1229 de 2013, en la cual a ellos se les reconoce como actores. Para colmo, los regentes se quejaron de que las PQRS contra Suárez estaban siendo respondidas por él mismo.
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De hecho, Asocoldro han hecho este mismo reclamo desde septiembre pasado, cuando empezó a regir esta lista de requisitos que calificaron de absolutamente inviable. “Esto podría generar un impacto de desempleabilidad en Bogotá de alto nivel, y sumado a eso, todo esto se va a ver reflejado en los costos de los medicamentos”, dijo la directora de ese gremio, Bibiana Bueno, a la emisora Caracol Radio.
Para colmo, según Carrillo, Suárez redirigió a los droguistas que no cumplían con los requisitos al Club de Droguistas Farmatízate, en lugar del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Farmatízate, al parecer, es una empresa privada que hace las veces de centro de soluciones para que las droguerías cumplan con los requisitos.
Un día después, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, informó la consecuencia de la denuncia de Carrillo. Según él, la idea era imponer una serie de requisitos “más o menos razonable para las grandes superficies que hacen expendio de medicamentos, pero que al momento de aplicarla a las pequeñas droguerías de barrio, pudiera ser excesivo”.
En ese orden de ideas, el equipo de la Secretaría de Salud aceptó que se cometió un error con el aumento de requisitos. “Encontramos que había una persona que estaba casualmente haciendo una interpretación que a nuestro sentir no se compaginaba con lo que queríamos hacer desde la Secretaría Distrital. Esta persona ya no acompaña el equipo de la Secretaría”, dijo Gómez al informativo local CityTv.
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