Esta semana sigue siendo crucial para la continuidad de Hidroituango, pues se acerca la fecha límite, exigida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que era el 30 de noviembre, y que se suponía, si no se cumplía, acarrearía con una billonaria sanción en contra del operador, las Empresas Públicas de Medellín, que están en medio del dilema de los simulacros de evacuación, pues las comunidades aguas abajo aún reclaman garantías para estas actividades, además que siguen sumidas en la zozobra que en cualquier momento ocurra una tragedia.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, fue quien aseguró que existe una gran posibilidad que la CREG desestime esta sanción, pues lo que falta no es tan trascendental o funcional, y aunque el gran dilema son las evacuaciones, reiteró que ya se podría entrar a operar.
“Depende de los alcaldes, de la Gobernación, depende de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, del Dagran y de comunidades como Ríos Vivos, seguramente eso va a ocurrir después del 30 de noviembre. Nuestra preocupación era que esa decisión de no poder antes del 30 se volviera una sanción a EPM”.
La misma idea es la que ha planteado EPM, que en un comunicado re enfatizó el hecho que las mesas de trabajo con las comunidades, junto con el acompañamiento de los entes de control, se ha permitido articular un trabajo que garantiza la seguridad de sus habitantes.
“Ese impacto en el cronograma, desde nuestro punto de vista va alineado con la solicitud que se le hizo a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), de que, para poder acatar los nuevos requerimientos, se necesitaba un plazo adicional. Están en evaluación de ese trámite y están pidiendo una información adicional”, aseguró el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.
Más o menos, la sanción podría ascender a los 3 billones de pesos, aunque, como lo expresó el mandatario antioqueño, los verificadores y auditorías ya habrían certificado a Hidroituango, por lo que esta multa no tendría lugar:
“Le hemos pedido a la Creg que así como a nosotros nos toca someternos a la decisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se sometan ellos también a la decisión y por tanto, queden suspendidos los procesos sancionatorios”.
Comunidades piden más garantías para las evacuaciones
El movimiento social llamado Ríos Vivos está realizando un plantón en frente de las oficinas de EPM, en Medellín, donde además de pedir mayor atención para las comunidades aguas abajo de la hidroeléctrica, pues desde la emergencia en el año 2018, muchas familias quedaron afectadas y aún no son reparadas.
La preocupación se hace evidente, hace una semana cuando se convocaron a estos simulacros, por el contrario, se aprovechó la jornada para protestar en contra del proyecto, y exigir mayores espacios de participación, pues su integridad no está asegurada, y quienes ya han sido afectados no tienen una solución a sus problemas.
En entrevista con El Espectador, Óscar Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos, manifestó que el temor que viven las comunidades se volvió parte de su día a día, por lo que la gente no sabe que hacer o para donde irse, garantizando así su tranquilidad:
“El miedo es bastante. Hay una enfermedad psicológica bastante fuerte por el temor de lo que pueda pasar con la represa. El otro temor es abandonar las viviendas. Desde 2018 tenemos muy malas experiencias donde las comunidades salieron del territorio, abandonaron sus casas, luego EPM los devolvió, pero los hogares estaban saqueados. Algunos sin cables de luz, otros sin ventanas. Sus animalitos de corral se perdieron y se murieron”.
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