Han pasado casi tres décadas desde la muerte de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del grupo guerrillero M19 y también, aspirante a la presidencia de la República para la época de los 90. Su asesinato se ha convertido una historia de nunca acabar, pues la investigación es dilatada de manera recurrente, tal como lo denuncia el abogado del caso, quien denunció un particular movimiento de fichas, esto, respecto al fiscal que lleva esta contienda jurídica.
Sebastián Bojacá, abogado de la familia Pizarro explicó que el fiscal que adelantaba el estudio de este caso, fue trasladado al departamento del Chocó de manera sorpresiva. La queja se produce, teniendo en cuenta que, el funcionario en cuestión había adelantado un porcentaje importante de esta investigación y estaba próximo a dar detalles coyunturales.
El litigante explicó en Noticentro de CM&:
“El fiscal que si trabajo, que llevó a cabo una buena investigación, lo llevan al Chocó, lo separan el caso, pero adicionalmente, este fiscal que recién asume la Dirección de Derechos Humanos durante 2 años, tiene engavetado el caso, sin mayor avance, sin responder algunos requerimientos de los juzgados, a pesar de todo, asume esta tarea del nuevo director de la unidad de Derechos Humanos”.
De igual forma, señaló que en el marco de la investigación de este fatídico hecho, se logró determinar que el esquema de seguridad de Pizarro fue infiltrado, pues la idea era seguir todos sus movimientos. Sin embargo, el abogado explicó un patrón particular en este crimen, pues el sicario que atentó contra la vida del político, fue asesinado posteriormente.
La muerte del sicario tendría que ver una presunta eliminación de testigos, pues este hecho ha permitido que la impunidad pondere sobre la justicia, tal como lo señala el abogado Bojacá.
“Hay un esquema de seguridad que tenía Carlos Pizarro que fue infiltrado, siguiendo la misma dinámica de otros magnicidios, un sicario que tenía un objetivo que era asesinar al candidato presidencial y posteriormente, un mecanismo para generar impunidad que era el homicidio de este sicario”, expresó.
Por su parte, María José Pizarro, congresista e hija del extinto político, aseveró que el traslado del fiscal debe ser considerado como una decisión arbitraria y limita los términos de justicia. A su vez, le envió un mensaje al Fiscal General Francisco Barbosa, a quien le solicitó una reunión de urgencia.
“Denuncio que persiste la estrategia de impunidad en el magnicidio de mi padre, con el cambio de fiscal delegado para el caso hace 2 años no hay avances. Esta arbitraria decisión pospone la verdad y la justicia. Solicito una reunión URGENTE con el Fiscal General”.
La muerte de Carlos Pizarro Leongómez
Pizarro fue uno de los líderes del Movimiento 19 de abril (M-19), grupo guerrillero que bajo los conceptos de revolucionarios buscó tomar el poder, empero, nuevamente, el diálogo fue la solución y permitió habilitar un camino político para los militantes de dicha organización. El mencionado líder abanderó al ‘M’ y se convirtió en candidato presidencial de dicha colectividad.
La campaña seguía su curso y el 26 de abril de 1990, Pizarro tuvo que viajar a Barranquilla, abordó un avión comercial y despegó. La turbulencia no la provocaría el avión, pues la muerte tripulaba en el lugar; un hombre entró al baño sigilosamente y de un momento a otro salió, desenfundó una metralleta y encaró al candidato presidencial, acribillándolo en el aire.
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