‘El desmadre de la guerra’: las acciones de las Farc y los vínculos de las Convivir con el paramilitarismo

“La tormenta de sangre se extendió tanto tiempo que nos volvimos de oídos sordos ante la guerra”. Así empezó el relato de Parménides, una de las víctimas del conflicto armando en la subregión de Urabá que entregó su testimonio a la Comisión de la Verdad. Después de 1988 se mudó al municipio Apartadó, Antioquia, y “aunque sabíamos que el peligro seguía en el horizonte, no teníamos pa’ donde más coger”.

La amenaza entre la vida y la muerte la tuvo aún más clara en la madrugada del 23 de enero de 1994. El barrio La Chinita— ahora conocido como Obrero— pasó de vestirse de fiesta a recordar esa fecha como aquella en la que ocurrió una de las peores masacres cometidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Nos sentimos como ratones en un laboratorio de muerte”, señaló Parménides.

Según el portal Verdad Abierta, la masacre inició a la 1:30 de la mañana y una de las testigos aseguró que “en segundos se escuchaban las ráfagas, porque no eran disparos, eran como tiros tras tiros”. Por su parte, el entrevistado por la Comisión de la Verdad indicó que los guerrilleros pertenecían al Quinto Frente de esa guerrilla: “eran como 20 y estaban endiablados buscando desmovilizados del EPL, supuestos traidores de la revolución”, aunque las balas terminaron afectando a los civiles.

“De la nada empezaron a disparar contra todos nosotros”, recordó la víctima, que trabajaba para ese entonces en haciendas bananeras. “35 personas fueron asesinadas sin explicación alguna ese día”, destacó Parménides y, tal como lo reconoció la Comisión, esas acciones estaban relacionadas con la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991.

En el tomo territorial Colombia Adentro, la entidad expuso que con el acuerdo firmado con dicho grupo se conformó el partido político Esperanza, Paz y Libertad; sin embargo, “la fiesta de la esperanza no duró mucho”, pues el proceso de desarme tuvo varios tropiezos con la reincorporación a la vida civil. Algunos empezaron a conformar disidencias que después terminaron en guerrillas o grupos paramilitares, mientras que los desmovilizados y civiles sufrieron hostigamientos.

“Las Farc habían declarado objetivo militar a todo aquello que pareciera contrarrevolucionario, paramilitar o infiltrado por el Estado —comentó Parménides respecto a la masacre de La Chinita—. Así mataron injustamente a mucha gente inocente”. El grupo armado puso los ojos sobre el barrio debido al apoyo que le dio Esperanza, Paz y Libertad a los trabajadores sin casa que ocuparon la zona y que trabajaban en las fincas bananeras.

Esa masacre fue la primera de una serie de ataques a fincas bananeras en los primeros años de la década de los 90; por otro lado, las Farc no fue el único grupo guerrillero implicado. La Comisión también mencionó a las milicias bolivarianas de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y las disidencias caraballistas del EPL.

Esas acciones sumadas a las de los grupos paramilitares y las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Convivir) hicieron que la entidad denominara la década de 1991 al 2002 como el desmadre de la guerra.

Los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) demuestran la magnitud de la tragedia en Antioquia, sur de Córdoba y el Bajo Atrato Chocoano: Hubo 1′103.385 víctimas, lo que representa un aumento superior al 600 % comparado con las 183.280 personas afectadas entre 1977 y 1991.

En 1992 los excombatientes empezaron a defenderse de las disidencias del EPL y de las acciones de las Farc, y conformaron los Comandos Populares. De acuerdo con la entidad que nació con el Acuerdo Final de Paz, no solo se enfrentaron a la guerrilla, sino que se consolidaron como una de las “bases de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), creadas en 1995″.

Esa transición se dio gracias a las Convivir. Un par de años después harían lo mismo para que esos paramilitares se agruparan en las Autodefendas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y otros jefes locales.

“Es sabido que en Urabá y en el sur de Córdoba, varios comandantes militares andaban de mano cogida con los paramilitares”, afirmó Parménides e indicó que el objetivo era “exterminar a los que luchábamos por la tierra, a los sindicalistas, a los líderes de izquierda”. A los trabajadores de las haciendas les dijeron que “los paras habían llegado para poner las cosas en orden” y así lo hicieron.

La Comisión precisó que las Convivir comenzaron por el Decreto Ley 256 de 1994, firmado por el expresidente César Gaviria. En el mandato de Ernesto Samper fueron reglamentadas, mientras recibían el apoyo del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Entre 1994 y 1997 había al menos 414 Convivir en Colombia y, con el aval de la Gobernación de Antioquia (1995-1997), les otorgaron hasta personería jurídica. “Todo hay que decirlo —manifestó Parménides— fueron los gobiernos los que crearon esas políticas que permitieron a los paras andar como perro por su casa”.

Estos grupos de seguridad contaban con armas, dinero, indumentaria y apoyo en operaciones de inteligencia. Tenían el respaldo de empresarios, políticos regionales y fuerzas armadas. Tanto así que se enfocaron en atacar las expresiones sociales considerándolas como acciones insurgentes y, como consecuencia, surgió una ola violencia que afectó a la industria bananera y a sectores políticos alternativos como la Unión Patriótica (UP).

Uno de los máximos comandantes de las ACCU le describió a la Comisión su manera de operar como “parte de un engranaje”. Si el Ejército o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no lograba algo, “lo podemos hacer nosotros como Convivir, y si no podemos, buscamos a las Autodefensas”. La disputa territorial la empezaron a ganar con ese incremento del uso de la violencia.

Pese a la coacción estatal y guerrillera, la población civil trató de resistir. De acuerdo con la Comisión, crearon movimientos por la paz, por la resistencia no violenta, y desarrollaron programas para la paz y movimientos de derechos humanos y de mujeres para denunciar la impunidad y el desplazamiento forzado; sin embargo, como dijo una de las víctimas “el miedo se combinaba con tristeza y dolor”.

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