Denuncian aumento de paramilitarismo en Casanare

En los últimos días, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) ha venido realizando una serie de denuncias sobre una repoblación de grupos paramilitares en el departamento de Casanare.

De acuerdo con el organismo de derechos humanos, a lo largo de este año, las comunidades de la región han sido silenciadas, minimizadas y atemorizadas por el incremento de los conflictos sociales.

Así mismo, los enfrentamientos entre grupos armados han puesto en riesgo a líderes y lideresas sociales, así como a quienes defienden los derechos humanos.

Uno de los últimos hechos violentos que reportó el CPDH se presentó el 12 de noviembre. Ese día, sobre las 5:30 de la tarde, Rubiela Benítez Enríquez, perteneciente a la junta nacional y coordinadora en el departamento del Casanare del CPDH; y Diego Flórez, también de la junta departamental, fueron víctimas de un atentado cuando arribaban a su hogar en la ciudad de Yopal, en el barrio Casimena.

El atentado fue ejecutado por dos hombres que se movilizaban en una moto, dispararon y en el hecho hirieron al escolta Fredy Rojas, que hace parte del esquema de seguridad de Diego Flórez.

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Según el CPDH, pese a la existencia de diferentes Puestos de Mando Unificados en todo el territorio instalados por el Gobierno nacional, aún persiste un plan de persecución a defensoras y defensores de derechos humanos y, por tanto, las medidas tomadas siguen siendo insuficientes para garantizar la vida de líderes y lideresas, firmantes del acuerdo de paz y liderazgos sociales y populares en los territorios.

Por otro lado, según el medio independiente Agencia Prensa Rural, el 7 de octubre del 2022 se realizó en la ciudad de Yopal el primer foro departamental de derechos humanos como escenario preparatorio al XIII Foro Nacional de Derechos Humanos.

En el espacio, el cual se constituyó como un espacio para potenciar las denuncias que tiene la comunidad casanareña, Rubiela Benítez Enríquez y Diego Martínez visibilizaron las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el departamento y le solicitaron al Gobierno nacional para que sea garante de la vida y la integridad de las y los dirigentes sociales del territorio.

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Finalmente, el CPDH le hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro, para tomar las medidas efectivas que garanticen el derecho a la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos en los territorios, avanzar en el reconocimiento del repoblamiento paramilitar en la región y con ello, avanzar de manera rápida en el proceso de desmonte del paramilitarismo alrededor de las medidas políticas y jurídicas que permitan blindar la vida como bien supremo.

La desaparición forzada en Casanare, según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el departamento 1.024 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, esta cifra varía en grandes cantidades con otros centros de análisis de la guerra en Colombia. Para The Human Rights Data Analysis Group, este número asciende a 2.553, más del doble, entre 1986 y 2007. Algunas ONG hablan de más de 6.000 desaparecidos.

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