Un fallo con fallas: la eterna pelea de un barrio estrato cinco en Bogotá que no tiene alcantarillado

En medio de la ola invernal, cuando el Gobierno nacional declaró desastre natural por lluvias y en plena capital colombiana, en San José de Bavaria, uno de los barrios que muchos tildan como de los más exclusivos de la ciudad, se siente zozobra. La situación no es menor cuando se vive bajo la amenaza de las aguas lluvias que se mezclan con las residuales y que en menos de tres minutos, durante un aguacero cualquiera, llegan a la puerta de sus casas.

A pesar de ello, los residentes del sector declaran que pagan por su impuesto predial hasta más de veinte millones de pesos anuales y la razón de todo el mal radica en lo que hoy consideran una ‘discriminación’ expresa de parte del Acueducto de Bogotá.

Según sus habitantes, a las entidades no les ha valido ni siquiera un fallo del Consejo de Estado en el que se les ordenó la construcción del alcantarillado para la disposición de las aguas residuales y las aguas lluvias, y hoy, después de más de 20 años de proceso, después de fallos y pleitos, continúan disponiendo sus aguas residuales en pozos sépticos y vallados mientras su derecho al acceso y la prestación adecuada del servicio público en mención sigue siendo vulnerado.

Fue para 2001, cuando una persona se cayó a uno de los vallados que se encuentran en el barrio que decidió emprender una acción popular con el fin de dar solución a esa problemática. El caso, que empezó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue apelado hasta llegar al Consejo de Estado, que ordenó la construcción de las redes troncales y para el 6 de octubre del 2014 emitió un fallo final en el que, tras cuestionar al acueducto de la ciudad en sus avances, advirtió, a través de unas obras irrisorias, que no se había incurrido en desacato y señaló:

“ÓRDENASE: a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ que en el término máximo de la siguiente vigencia fiscal proceda a hacer la correspondiente apropiación presupuestal, para la construcción de la redes secundarias de alcantarillado del Barrio San José de Bavaria, cumplido lo cual debe proceder a celebrar el respectivo contrato para ejecución de las obras y, posteriormente, repita vía facturación a los usuarios los costos en que haya incurrido, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia”.

Pero lo que parecía una segunda instrucción para dar fin al problema, se convirtió en un punto más de discusión.

“Ellos construyeron una red troncal hasta la calle 170 y el barrio comienza desde la calle 170 hasta la calle 183. Así que actualmente no tenemos esa red troncal. En su momento construyeron parcialmente algo, pero no todo. Entonces se les ordena construir el alcantarillado sanitario y pluvial en unos pasos y es donde estamos en la disputa. Ellos dicen que se lo deben cobrar a los residentes y el fallo dice que se le deben a los usuarios y usuarios somos absolutamente todos”, cuenta Jhonatan García, presidente de la junta de acción comunal del barrio.

Pero a lo anterior se suman los antecedentes. En el mismo expediente al que Infobae Colombia tuvo acceso, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar es enfática en destacar que el barrio, que data de los años 60, no puede acogerse al Decreto 3050 de 2013, que obliga a los urbanizadores a construir las redes secundarias pues en ese entonces no se exigía en las licencias de construcción contar con tal sistema de tubería y es explícita en indicar que " tal normativa no se puede aplicar por cuanto para la fecha en que el Distrito dio viabilidad a la licencia de urbanismo del Barrio San José de Bavaria la EAAB ni siquiera tenía el diseño de la red troncal a donde debían desaguar las aguas residuales. Es por ello que el sistema que se empleó fue el de los pozos sépticos”, explica en el documento.

Pero a estos antecedentes no solo se ha sumado una disputa sobre la interpretación de lo que significan las palabras “usuarios” y “residentes” en el fallo, sino también la respuesta de la Empresa de Acueducto de Bogotá, que en un documento del 30 de marzo del 2022, en respuesta a un derecho de petición del entonces presidente de la Junta de Acción Comunal, Oscar Hernando Gutiérrez, explica que “la inversión asociada al diseño y construcción de las redes locales de alcantarillado de San José de Bavaria, no puede ser recuperada en el Costo Medio de Inversión (CMI), dado que no forma parte del POIR (Plan de obras e inversiones regulado) vigente, considerando que la responsabilidad del diseño y construcción de los sistemas de alcantarillado siempre ha estado a cargo de los constructores, actividad no ejecutada en su momento por la compañía responsable de dicho urbanismo, por ende la EAAB ESP no puede hacerse cargo de actividades a cargo de un tercero, como lo es el urbanizador”.

Pero lo anterior también genera cuestionamientos entre los residentes, que si bien manifiestan que el fallo no solicita emitir una factura diferente a la actual, tal respuesta tampoco es procedente, pues por los servicios de electricidad, internet y gas que actualmente tienen en sus casas no tuvieron que incurrir en gastos de instalación de red. precisamente porque los proveedores de servicios son los responsables de hacer posible su infraestructura.

“La EAAB conoce claramente el proceso y procedimiento para incluir este proyecto en su plan de inversiones y recuperarlo vía tarifa. (No olvidemos, que las tarifas del servicio son a perpetuidad, por tanto, su recuperación es segura en el tiempo, más aún teniendo en consideración, que, una vez construido el alcantarillado, el barrio tendrá el potencial de poderse construir en altura, escenario bajo el cual habrá más usuarios y más recaudo”, explica José Pinto, uno de los habitantes del barrio a Infobae Colombia.

En el barrio que se ubica en el norte de Bogotá, las calles parecen las de un conjunto cerrado. Las vías, como bien explican los habitantes, son públicas, pero están adoquinadas porque esta era la única solución que vieron para transitar sin hundirse entre el barro.

Así que reuniendo dinero entre vecinos han hecho posible esas calles que el IDU no construye bajo el argumento de que la ausencia de alcantarillado implicaría para ellos un detrimento patrimonial. No es poca cosa, pues la construcción de un alcantarillado implicaría hacer la demolición de la infraestructura vial para volverla a construir de ceros.

Lo anterior se hace evidente en la revisión sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el fallo, en la que el IDU, tras demostrar una serie de labores de mantenimiento es muy claro en que “se encuentra técnicamente impedido para adelantar la construcción de los andenes, hasta tanto la EAAB no realice la adecuación del área de acueducto y de alcantarillado en el barrio San José de Bavaria”.

Mientras tanto, explica Jhonatan García, el barrio sigue siendo “un foco de contaminación”, por el que hoy pasa conjunto por conjunto, predio por predio, la Secretaría Distrital de Ambiente.

La razón de la entidad que hoy requiere a los habitantes ha caído como un balde de agua fría, pues ha visto en el sector el lugar idóneo para iniciar una serie de procesos, que de cara a la opinión pública, terminan en la imposición de fuertes multas a sus residentes.

Las causas tienen que ver con el manejo que se le dan a las aguas residuales, pues los pozos sépticos pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas y en otros casos terminan, según Liliana Muñoz una de las residentes, después de un ‘aparente’ tratamiento al interior del pozo, en los vallados del barrio.

Pero bajo el argumento de la contaminación que se genera, la entidad del distrito, tal cual como se menciona en el documento que da cuenta de la verificación del fallo, “resaltó que cada usuario generador de vertimientos sobre los vallados es responsable directo de garantizar el debido drenaje y escorrentía de las aguas en estos sistemas y por lo tanto el responsable de su respectivo mantenimiento y limpieza. De ahí que los permisos de vertimientos que se otorgan, generan para el titular del mismo la obligación de presentar anualmente a la entidad un informe sobre las acciones de mantenimiento y limpieza de los mismos”.

Así las cosas, Muñoz advierte que tales sanciones no son un asunto que surja de la noche a la mañana, sino que da a los residentes un lapso de tiempo para hacerse a una licencia ambiental cuyo valor oscila entre los 10 y 12 millones de pesos, pues en unos casos es más costoso hacer la disposición de las aguas al subsuelo que hacerlo a los vallados.

Para ello, explica, el distrito les exige realizar procesos de descontaminación mínimos, una inversión que para muchos resulta elevada, teniendo en cuenta que al final de día –cuando llegue la fecha y tengan sistema de alcantarillado– será un gasto en vano, pues es bien sabido que las aguas residuales que se van por el alcantarillado eventualmente deberán llegar a diversas plantas de tratamiento de aguas residuales, como sucede con el resto de la ciudad.

Pero por ahora, los gastos no parecen importarle mucho al distrito, que tras la solicitud del fallo de hacer el presupuesto y la correspondiente inversión en redes, a través de sus entidades se mantiene en la idea de que son los habitantes del barrio quienes deben pagar también por el sistema. Una red secundaria que debe conectarse a una red troncal que todavía no ha sido puesta a disposición de los residentes, y que si bien para 2014 costaba 25 mil millones de pesos, hoy su valor asciende a los 120.000 millones de pesos, un valor que a la fecha no se sabe quién ni cómo se va a pagar.

Por ahora se espera que el clamor de los habitantes del barrio sea escuchado de una vez por todas y que el debate de control político que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el Concejo de Bogotá, sea uno de los escenarios determinantes para hacer valer sus derechos ciudadanos, como sucede con el resto de sectores de la ciudad.

SEGUIR LEYENDO: