Si desaparece posibilidad de investigar a funcionarios, regirá la impunidad en el país: Margarita Cabello

Desde que se conoció el borrador del proyecto de ley de la reforma política, el Gobierno Nacional ha recibido una avalancha de críticas, particularmente, por dos propuestas que se incluyeron dentro del articulado y que proponen profundos cambios tanto en el voto, como en el papel que desempeña la Procuraduría General de la Nación.

Precisamente, el acto legislativo que fue radicado el pasado 13 de septiembre por el ministro del Interior, Alfonso Prada, busca modificar el artículo 40 de la Constitución Política, este es el que establece el ejercicio y control del poder político, en función de la Procuraduría General de la Nación.

La reforma política plantea limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos democráticamente. Esto incluye a los alcaldes, gobernadores, congresistas, cabildantes e incluso, al propio presidente de la República.

“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, señala el borrador del articulado.

Precisamente, la jefe de esta entidad se pronunció recientemente respecto a esta posibilidad, que aun se debate en el Congreso de la República. Margarita Cabello precisó que todos los individuos en Colombia están sujetos a sus jurisdicciones en el momento de ser requeridos por la ley o cuando se vean inmersos en alguna investigación que, en el caso de los funcionarios públicos, es la Procuraduría.

Cabe resaltar que el Gobierno Nacional se ha argumentado en un concepto que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con respecto a la jurisdicción que debe investigar y sancionar a las personas elegidas mediante el voto popular.

Es de anotar que el senador por el partido Liberal, Alejandro Chacón, recordó que la orden de la CIDH fue acatada, por medio de la modificación del Código Disciplinario.

“Eso ya fue superado en el Congreso de la República cambiando la norma y dando unas facultades jurisdiccionales independientes a los funcionarios administrativos que instruyen, eso ya fue solucionado y hoy la Procuraduría tiene la posibilidad, basada en la sentencia, a tener la posibilidad de hacer la diferenciación y acatar con funcionarios con facultad jurisdiccional para que ellos sean los que fallen las decisiones sobre los funcionarios elegidos con voto popular”, precisó el congresista.

Frente a las investigaciones y sanciones que ejecuta la procuraduría en el marco de sus funciones, la jefe del Ministerio Público destaca la importancia de la existencia de esta entidad. Por lo que sostiene que “eliminarle la posibilidad de justicia disciplinaria frente a los funcionarios de elección popular no es posible en nuestro país”.

Además, la procuradora insistió en, no solo continuar con las funciones de la entidad que preside, sino investigar con mucho más rigor a los funcionarios públicos del país, argumentando que son personas que tienen a cargo la administración de los dineros públicos del país.

“¿No sería más bien necesario que los investigáramos doblemente por ser ellos los que tienen bajo su responsabilidad los dineros públicos?”, apuntó Margarita Cabello.

La reforma política se enfrenta hoy a su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para que el curso del acto legislativo sea exitoso debe aprobarse hoy y en otra discusión más antes del 16 de diciembre. En ese caso, continuará su proceso en el siguiente periodo legislativo, donde deberá ser aprobada en otros cuatro debates.

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