Durante el lunes 21 de noviembre, se desarrolló la audiencia de legalización de captura en contra de los cinco uniformados que fueron vinculados a la investigación del homicidio de Juan Pablo González, el presunto abusador de la menor Hilary Castro. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que los policías habrían permitido que se cometiera este crimen al interior de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
El pasado 6 de noviembre, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento a Juan Pablo González, sindicado por el abuso del que sufrió Hilary Castro en la estación de Transmilenio La Castellana. De esta manera, el sujeto llegó a la URI de Puente Aranda, donde le tenían preparada una “bienvenida”.
La revista Semana logró establecer contacto con un testigo del caso, quien aseguró que la banda carcelaria “Los Plumas” fue la encargada de propinar la golpiza. Un hecho que, para la Fiscalía, pudo haberse evitado con la intervención de los custodios del lugar. No obstante, estos no habrían hecho nada para salvaguardar la vida del custodiado.
“Los uniformados de la Policía pudieron impedir que los privados de la libertad lesionaran, torturaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, pero no quisieron hacerlo. No usaron su voz, ni su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho, no se opusieron, no dieron una orden de detención, al contrario, fueron permisivos”, señaló la Fiscalía.
Por tal razón, el ente acusador encontró a los policías responsables de dos delitos en calidad de coautores. Los uniformados fueron identificados como Byron Arley Gonzáles, Bladimir Sánchez Tarazona, Bryan Humberto Montealegre, Bryan Andrés Marín y Eduardo Blanco López.
En el curso de la diligencia judicial, la Fiscalía les imputó los cargos de homicidio agravado por comisión u omisión y tortura por comisión u omisión a título de coautores.
Cabe resaltar que uno de los abogados defensores pidió no declarar legal la captura de cuatro de los uniformados, pues considera que este caso debe ser asumido por la Justicia Penal Militar, dado que los hechos ocurrieron en medio de funciones policiales. Petición que el juez 11 de control de garantías negó.
Los cinco policías, que habían sido suspendidos provisionalmente el pasado 10 de noviembre, no aceptaron los cargos imputados por la fiscalía.
Juan Pablo González fue golpeado hasta morir durante 27 minutos.
Este hombre era sindicado por los delitos de acceso carnal violento y hurto agravado por el presunto abuso en contra de la menor en una estación de Transmilenio, por lo que se le dictaminó medida de aseguramiento. Luego, fue trasladado hasta la URI de Puente Aranda, específicamente, según relató la Fiscalía, a la celda número cuatro del segundo piso. Ya en el lugar, al parecer, los perpetradores del crimen le habrían rapado el cabello para luego golpearlo durante casi media hora.
“Le raparon su cabellera, lo condujeran al baño, lo obligarán a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdiera la vida”, indicó la Fiscalía.
A lo largo de este tiempo, le habrían causado más de 50 lesiones, hematomas, equimosis y fracturas. Además, mientras lo golpeaban, presuntamente, lo orinaron y lo obligaron a tomar sus propios orines.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, estos hechos habrían sido cometidos por los presos del lugar a modo de castigo por ser un violador. Finalmente, tras la golpiza, González padeció de un politraumatismo con trauma torácico severo, lo que causó una insuficiencia respiratoria aguda, la causa final de su muerte.
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