Toma de Mitú: 24 años de la primera vez que las Farc se tomaron una capital

El sargento de la Policía César Augusto Lasso solo pudo conocer a su hija cuando ya tenía 14 años, porque fue secuestrado cuando su esposa apenas llevaba un mes de gestación, el 1 de noviembre de 1998 en la Toma de Mitú. Él fue solo un ejemplo de las cientos de vidas truncadas que dejó la demostración de poder de las Farc-EP a finales del siglo XX y que marcó un punto de inflexión en la historia del conflicto armado en la región de la Amazonía.

La niña tuvo que vivir su infancia en medio de la ausencia forzada de su padre. Mientras tanto Lasso pasaba años de terror, tuvo paludismo en cinco ocasiones y llegó a padecer leishmaniasis. Desde 2002, cuando el Mono Jojoy vistió el campamento en el que se encontraba, y hasta el 2012 estuvo encadenado por el cuello, según le dijo al antiguo secretariado de las Farc compareciente ante la JEP en audiencia de reconocimiento del caso 01, en el que se investigan los vejámenes contra las víctimas de ese delito de lesa humanidad. “En muchas ocasiones pensaba que era mejor morir y descansar”, sostuvo.

Los testimonios de las víctimas de secuestro de ese episodio, que es reconocido como uno de los antecedentes del recrudecimiento del conflicto armado, fueron testigos de los tratos inhumanos, de los barracones enmallados con alambre de púas en los que fueron encerrados y otras situaciones crueles que la JEP le ha imputado a los integrantes de las extintas Farc.

En la toma de Mitú fueron secuestrados 62 policías, incluyendo 16 auxiliares bachilleres, 15 de los cuales pertenecían a comunidades indígenas y no portaban armas. Una de las víctimas, para esa fecha, prestaba servicio militar obligatorio con labores sociales y de prevención, para las que tenía apenas un bastón de mando. Aún así, en la mañana del 1 de noviembre de 1998 la guerrilla entró a su casa y lo sometió al secuestro por dos años y ocho meses.

Este hecho, según el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en su tomo territorial para el Amazonas, fue la primera vez que esa guerrilla se apoderó de una capital de departamento. Duró tres días y dejó un saldo de 16 policías, 24 militares y 11 civiles muertos, además de medio centenar de miembros de la fuerza pública secuestrados.

La mayoría fueron liberados en junio de 2001 sin la contraprestación de intercambio humanitario, como era uno de los intereses de la insurgencia, por un acuerdo con el gobierno en el Caguán. Pero los siete oficiales y suboficiales permanecieron en poder de la guerrilla.

Dos uniformados continúan desaparecidos: el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, que habría sido asesinado en cautiverio en 2003 por orden del exguerrillero alias Martín Sombra, pero su cuerpo no ha sido hallado; y el patrullero Byron Murcia Canencio, que fue secuestrado en la toma, pero de quien se desconoce su destino.

“El teniente coronel Julián Ernesto Guevara falleció en cautiverio en el año 2006 por una enfermedad no tratada. Su cuerpo fue entregado a la familia en abril del 2010. El subintendente Jhon Frank Pinchao se fugó exitosamente en el año 2007, caminó por la selva por alrededor de quince días y, finalmente, consiguió su libertad, reencontrarse con su familia y escribió un libro al respecto. El mayor Javier Vianney Rodríguez fue liberado en la operación Jaque en el año 2008, mientras que el general Luis Herlindo Mendieta Ovalle y el coronel Enrique Murillo fueron liberados en la operación Camaleón, en el año 2010. El sargento César Augusto Lasso fue liberado unilateralmente por las FARC-EP en abril de 2012. Fue uno de los últimos integrantes de la Fuerza Pública que recobró la libertad”, señaló la JEP.

Pero las víctimas de la toma de la capital del Vaupés no fueron únicamente los policías que recibieron el ataque violento.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, en la década de 1990 las Farc se consolidaron en la Amazonía colombiana, que comprende los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Había llegado una década antes en medio de la bonanza de los cultivos de coca para, a sangre y fuego, convertirse en la estructura que controlaba la producción ilícita en esa zona del país.

En 1988 se realizó el primer ataque al puesto de policía de Mitú con unos 100 guerrilleros que sometieron a los 30 uniformados que se encontraban en la capital selvática. No hubo muertos, pero la respuesta del Estado fue militarizar la ciudad, lo que produjo desplazamientos, estigmatización, asesinato de civiles y violencia sexual.

Una persona contó que a mediados de 1989, mientras caminaba con su novia, un policía los detuvo, los amenazó con el revólver y violó a la mujer. Una situación que se vivieron otras parejas y que lo motivó a él y a los demás al ingreso a las filas de las Farc. Lo anterior, de acuerdo con la CEV, produjo el resentimiento de algunas personas y la desconfianza en el Estado.

En la séptima conferencia de la guerrilla (1982) se había definido el ingreso de personas desde los 15 años. Alias Fernando Pate Sopa, comandante de las Farc en la zona, ha reconocido que entre 1995 y 2002 reclutó por lo menos 700 menores de edad en Mitú, una situación que para la CEV no se puede entender sin el papel de los internados católicos.

“… las FARC-EP ya reclutaban en los internados aprovechando la desestructuración que estos crean en la vida de los menores al alejarlos de sus comunidades y propiciando el olvido del pensamiento simbólico del Yurupari. El Internado Indígena María Reina en Mitú, el Colegio José Eustasio Rivera (COLJER) en la Comunidad 13 de junio –frente al casco urbano de Mitú-, y el Colegio Cooperativo Nocturno de Mitú, todos fueron afectados por el reclutamiento masivo”, se concluyó en el informe final.

El reclutamiento sistemático en la zona se efectuó para lograr fortalecer los frentes ante ataques a las bases militares. Con fiestas, promesas de dinero y basados en las desigualdades sociales y su poder entre las comunidades, los insurgentes atrajeron a los jóvenes a sus filas. La mayoría de ellos indígenas debido a la presencia de esta población en los territorios del sur del país. Varios de ellos fueron trasladados a Putumayo y los de esta zona al Vaupés.

Varios de esos jóvenes reclutados regresaron años después a su ciudad para realizar la toma de Mitú, debido a su conocimiento de la zona, lo que produjo profundas consecuencias en la comunidad.

“Por ello las personas del pueblo recuerdan con tristeza y dolor el hecho, y no entienden por qué sus propios hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, familiares y vecinos estaban uniformados participando en la destrucción del pueblo”, señaló el informe de la CEV.

En 1993, en su Octava Conferencia, la guerrilla reafirmó su decisión de tomar el poder por la vía armada mientras el conflicto se recrudecía a nivel nacional. Para 1998, el presidente Andrés Pastrana había abierto los diálogos con las Farc y esta organización, con el fin de adquirir un estatus beligerante, decidió emprender la toma de Mitú como una forma de mostrar su poderío en una población que prácticamente ya dominaba.

En 1997 las Farc controlaban los afluentes del río Apaporis y Vaupés para el transporte de la pasta base de coca. Se establecieron en múltiples comunidades y ubicaron dos campamentos principales en Puerto Vaupés y en Bosca del Yi. En este último se concentraron los comandantes insurgentes, entre ellos el Mono Jojoy para estructurar, como quedó registrado en video, la llamada Operación Marquetalia.

El Bloque Oriental reunió a 1.500 guerrilleros para emprender la toma en la madrugada siguiente del día de los niños que se había celebrado, como en todo el país, en esa capital indígena. Fue un asedio con pipetas llenas de dinamita e inflamables, balas y cilindros de gas que inició con la Estación de Policía y que terminó por destruir el pueblo.

Los guerrilleros se sirvieron de los indígenas para guiarlos en el operativo, abrir las trochas desde Carurú hasta Mitú por donde pasaría la tropa y hacer los mapas de la Estación de Policía. Así mismo, de los niños, como en el internado de Yuruparí, donde obligaron a los menores a cargar las cajas de munición y abastecimiento y cilindros que utilizarían en la toma.

De acuerdo con la Comisión, 76 policías combatieron atrincherados en la estación por 12 horas. En medio del ataque, los guerrilleros desalojaron las casas vecinas para utilizar los cilindros y evitar la muerte de civiles. Sin embargo, en medio de esa situación habría sido asesinada María Beatriz Tovar que se negó a abandonar su vivienda. Su crimen no ha sido esclarecido.

11 civiles fueron asesinados, pero su muerte, de acuerdo con la CEV, no ha sido esclarecida. Las Farc han reconocido el homicidio de los hermanos Calderón. a quienes acusaban de tener nexos con paramilitares y habían sido declarados objetivo durante el operativo, así como de otra persona en medio de los desalojos. Pero también hay víctimas del fuego cruzado.

Tras más de 12 horas de fuego constante, los guerrilleros encontraron a los policías escondidos en los túneles de la estación, superados en número y armamento. Aunque se sabía del rumor del operativo subversivo, el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares, e incluso la CIA habían desestimado que las Farc tuvieran la capacidad de tomarse una ciudad, no prestaron atención a las advertencias y nadie anticipó su ocurrencia.

Incluso, en el operativo de retoma que se desarrolló 72 horas después, fue evidente el olvido de la región por parte del Estado. Un suboficial que se encontraba en la base militar de la Séptima Brigada y que participó en el operativo de respuesta contó a la Comisión que la ciudad no aparecía en los mapas militares.

“Empezó el planeamiento, pero notamos que había ausencia, no se contaba con cartas, aerofotografías, nada. Evidenciamos la ausencia del Estado. No se tenía información de cómo era Mitú, tocó ir a donde estaba un policía que había estado en Mitú y vivía ahora en Villavicencio. En una pizarra él graficó el pueblo, el río, los lugares adyacentes, el casco urbano”, dijo.

Ese desconocimiento le dio ventajas a la guerrilla sobre las unidades militares que llegaron por tierra, pero el ataque principal se desarrolló por aire. La operación de retoma se denominó Vuelo de Ángel, porque desplegó el apoyo de la Fuerza Aérea con bombardeos que terminaron por destruir el pueblo y que partieron desde una pista de Bocas de Querarí en Brasil.

Decenas de civiles, militares y centenares de guerrilleros murieron en el enfrentamiento posterior. Los cuerpos de los insurgentes fueron enterrados en zonas comunes que cambiaron para siempre la relación de los habitantes con el territorio. La ciudad de Mitú quedó destruida y su gente, temerosa, en medio de un fuego cruzado permanente. Incluso, tuvieron que cavar trincheras en sus casas para guarecerse.

“A partir de 2001 las explosiones, las zanjas de arrastre de los soldados en los predios de la comunidad, las minas antipersonas, la amenazas, el acoso militar sobre las mujeres, y en general el miedo y la zozobra ocasionaron que las personas de la comunidad también vivieran el confinamiento y por consiguiente el hambre y la tristeza”, señaló la Comisión. También encontró que menores de edad fueron embarazadas por soldados que nunca respondieron por sus hijos.

El Estado volvió la vista a esa región y la Defensoría del Pueblo emitió en ese año la primera alerta temprana por los hostigamientos, pero la violencia se incrementó. Aumentaron los combates, el reclutamiento, la instalación de minas antipersona en caminos y territorios indígenas, así como restricción a la movilidad de los habitantes.

El desplazamiento dio origen al primer proceso de restitución de tierras en el territorio amazónico, que se encuentra radicado en Villavicencio. Pues “la situación fue tan difícil que la población de Puerto Vaupés se desplazó completamente y en Mitú Cachivera solo dos familias permanecieron. Por el conflicto armado interno, los pueblos Cubeo, Tucano, Desano, Tuyuca, Tatuyo, Wanano, Carapano, Piratapuyo, Tariano, Makuna, Siriano, Makú, Jiw, Yurutí y Bará del resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú fueron desplazados”, señaló la Comisión.

La estigmatización también se tomó varias poblaciones, como Bocas del Yi, que fue señalada como una zona de afinidad con la insurgencia, lo que sirvió para negar el acceso a servicios básicos. Las instituciones del Estado negaron la atención a varias personas y el Consejo Regional Indígena del Vaupés vio limitada su posibilidad de visitar varias comunidades por el peligro.

“Las experiencias culturales se transformaron por la guerra, así como las formas de apropiar usos y costumbres y esto impactó su capacidad de alimentarse, curarse, disfrutar del territorio y relacionarse con otras comunidades. De esta manera se rompió con la raíz compartida en el origen de estos pueblos, tan ligada al relevo generacional de personas líderes y el traspaso de conocimientos milenarios y formas de organización social, así como a los intercambios de diversa índole entre comunidades”, concluyó la Comisión.

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