El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque Freyle, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y tres meses de prisión por haber firmado contratos en su administración sin cumplir con los requisitos legales. Esos contratos tenían el propósito de construir el alcantarillado en el municipio de Maicao, pero hubo una serie de irregularidades a la hora de otorgarlos y el resultado, según lo hallado en la investigación, fue costoso y defectuoso. Aunque fue enviado a prisión domiciliaria, Deluque anunció que apelará la decisión.
Deluque fue gobernador de ese departamento entre enero de 2001 y julio de 2003, cuando la Procuraduría encontró irregularidades en una serie de contratos firmados por él y decidió apartarlo del cargo. El objetivo contractual era construir redes de acueducto para la urbanización Almirante Padilla, así como en los sectores de Boscán, el centro, Villa Inés, San Martín y San José.
Los hallazgos del Ministerio Público mostraban, específicamente, dos problemas. Uno de ellos es que se omitió adelantar un proceso de licitación: les pareció muy sospechoso que se firmara una larga serie de contratos por debajo de la cifra de menor cuantía —que en ese entonces era $171.600.000— con varios contratistas para el mismo objeto contractual. El segundo problema fue firmar algunos de los contratos con la empresa Aring Ltda, que no tenía entre sus objetos sociales la construcción de obras sanitarias.
Se abrió una investigación sobre estos contratos en agosto de 2007. Durante este largo caso, la Fiscalía General de la Nación dijo que todos esos contratos bien pudieron ser uno solo, pero tenía motivos para creer que estos contratos fueron divididos por debajo de la cifra de menor cuantía para que se pudiera elegir a los contratistas de forma directa —entre otras cosas, sin más criterio de selección que una cercanía con Deluque—.
Además, varios de ellos quedaron con varios contratos del mismo propósito: al sumar los valores, algunas empresas recibieron cantidades superiores a la menor cuantía, por lo que dichos procesos bien pudieron ser licitados.
Como si fuera poco, los resultados de ese puñado de contrataciones fue bastante diverso. Algunos contratistas no pudieron cumplir y tuvieron que devolver sus anticipos. Otros más pudieron ejecutar como pudieron, con sus propios materiales: al no ser compatibles sus tuberías y llaves con las de los otros contratistas , el acueducto no quedaba interconectado.
De hecho, mientras la Fiscalía hacía su investigación, descubrió que no había planos o diseños de estos trabajos en la Alcaldía de Maicao, ni registro fotográfico del proceso de cada contratista. Tampoco pudieron entrevistar a beneficiarios de las obras porque “no se detallaron en los contratos las direcciones exactas de donde debían ejecutarse”.
Entonces, fueron violados varios principios de la contratación pública, como los de planeación, transparencia y selección objetiva.
En su defensa, Deluque había asegurado que no había métodos en el manual de contratación para asegurarse de que los contratistas fueran idóneos. También dijo que no tuvo tiempo de unificar el contrato, que el tema del acueducto no se trató en los consejos de gobierno porque allá solo se trataban asuntos complejos y que siempre estaba muy ocupado como para estar pendiente de los detalles precontractuales.
Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema —con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres— no creyó en estos argumentos y decidió condenarlo. Los gobernadores encargados que lo sucedieron, Raúl Nicolás Fragozo Daza y Álvaro Evaristo Gnecco Rodríguez, fueron absueltos en la misma sentencia.
Deluque, quien ya está pagando una condena de nueve años de prisión domiciliaria, le dijo al diario El Heraldo que impugnó su sentencia actual y va a hacer lo mismo con esta nueva. Cabe recordar que el condenado es el padre del senador Alfredo Deluque Zuleta, integrante del Partido de la U.
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